Landaluce, al borde de dimitir como alcalde tras su salida del Grupo Popular en el Senado a raíz de la denuncia del PSOE

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, ha formalizado este viernes su baja del Grupo Popular en el Senado después de que él mismo anunciase el pasado miércoles su “suspensión temporal” como militante. El motivo, la denuncia presentada contra él por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por delitos de abuso o acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La decisión de Landaluce habría sido forzada por la dirección del partido, según informan fuentes de la dirección nacional de los populares a Europa Press, si bien una portavoz del PP de Algeciras consultada por Europa Sur mantiene que la decisión del regidor ha sido tomada por él mismo de forma autónoma.

José Ignacio Landaluce es senador del PP desde 2016 y en esta legislatura era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, además de vocal en otras cinco, entre ellas la de Peticiones y la Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo y la de la Unión Europea. Las mismas fuentes han precisado que corresponde a él decidir si mantiene el acta como senador, pasando al Grupo Mixto como no adscrito, junto a otros cuatro senadores, tres de Vox y una de UPN, o renuncia a él.

La decisión de Landaluce abre la posibilidad de que, en correspondencia, abandone también el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Algeciras y la Alcaldía de la ciudad, ya que pasaría a ser concejal no adscrito. Los populares tienen mayoría absoluta en el Consistorio con 16 concejales -entre los que debería salir su sucesor- sobre un total de 27.

Landaluce es alcalde desde de Algeciras desde 2011 y en 2023 logró su cuarto mandato consecutivo al frente de la ciudad, recuperando de paso la mayoría absoluta que se le había escapado en las municipales de 2019.

Landaluce se definió como "acosado, utilizado y perseguido” por el PSOE e insistió en que seguiría trabajando “con honestidad, transparencia y absoluta dedicación [...] con la cabeza alta y el corazón firme”

El miércoles, pocas horas después de conocerse la denuncia de los socialistas, el alcalde anunció su renuncia a todos los cargos orgánicos que ocupaba en el PP para "concentrarse" en su defensa tras la denuncia de los socialistas. En una nota de prensa, Landaluce insistió en su "absoluta inocencia" y en su determinación de ejercer su derecho a la defensa, "con todos los medios legales a mi alcance".

El regidor sostuvo que hace ocho meses emprendió acciones legales por las acusaciones vertidas contra él por la portavoz municipal socialista, Rocío Arrabal, y anunció que presentaría una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) si no se producía una rectificación". No obstante, a día de hoy, el regidor no ha detallado en qué consistieron esas acciones penales y qué recorrido habrían tenido.

Tras formalizarse la denuncia del PSOE ante el Supremo, Landaluce trató de restarle importancia alegando que los socialistas habían anunciado previamente en dos ocasiones (el 9 de enero y el 5 de febrero) que iban a acudir ante ese tribunal. Hasta ahora. “Si hubieran tenido algo, lo habrían presentado hace un año, cuando lo anunciaron. Es humo, un intento de prolongar la nada. Los algecireños saben que el tiempo me está dando la razón”, replicó el alcalde.

Landaluce consideró que la actuación del PSOE obedece a un “puro oportunismo político”, buscando aprovechar momentos de "especial vulnerabilidad interna de su propio partido", en referencia al caso de Paco Salazar, con el fin de reactivar "acusaciones infundadas" para desgastar al gobierno municipal. “Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención”, añadió el alcalde, quien se definió como "acosado, utilizado y perseguido” por el PSOE e insistió en que seguiría trabajando “con honestidad, transparencia y absoluta dedicación [...] con la cabeza alta y el corazón firme”.

Los mensajes de tres concejalas

La denuncia del PSOE surge catorce meses después de que saltasen a la luz pública los supuestos mensajes intercambiados entre tres concejalas del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en los que se relataba la comisión de episodios de abusos sexuales atribuidos al regidor.

Los socialistas, en el relato de hechos que formulan, desvelaron que los citados mensajes les fueron trasladados por Luis Ángel Fernández, ex teniente de alcalde y ex diputado en el Congreso por el PP, enemistado con Landaluce tras su salida del Ayuntamiento en 2023, donde durante varios mandatos fue responsable de Hacienda.

La denuncia del PSOE establece, además, una relación directa entre la ocultación durante años de esos presuntos abusos y la contratación de dos personas como asesoras del PP en el Consistorio: Inés Cortés Achedad, abogada y ex mujer de Luis Ángel Fernández, y la ex concejal Laura Ruiz, partícipe del grupo de Whatsapp en el que se vertieron los comentarios y que estaba integrado por ella y otra dos ediles: Susana Pérez Custodio, que continúa en el Ayuntamiento y es presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y Eva Pajares, actual delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Los contratos

"La presente denuncia se formula en relación con la contratación como personal eventual, con dedicación completa, en el Ayuntamiento de Algeciras de Dña. Laura Ruiz Gutiérrez (ex concejala del Partido Popular) y Dña. María Inés Cortés Achedad (ex personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras y ex cónyuge de un destacado dirigente del Partido Popular), acordada mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 8579, de 22 de septiembre de 2023. Asimismo, se denuncia la contratación de la Sra. Ruiz Gutiérrez en la Residencia de Mayores de San García, centro de titularidad pública, con un 70% de sus plazas concertadas con la Junta de Andalucía y cuya gestión corresponde al Grupo Vitalia Home", apunta la denuncia.

La denuncia "se fundamenta en la sospecha de que dichas contrataciones pudieron haberse realizado con la finalidad de impedir la divulgación de determinados mensajes de WhatsApp o informaciones en poder de las personas contratadas o de sus familiares directos -en el caso de Dña. María Inés Cortés Achedad, su ex cónyuge D. Luis Ángel Fernández Rodríguez, dirigente destacado del Partido Popular de Algeciras que ha ocupado numerosas responsabilidades orgánicas y públicas- relativos a supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos concejalas del Partido Popular (Dña. Eva Pajares Ruiz, actual delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz y concejala en el momento de los hechos denunciados, y Dña. Susana Pérez Custodio, concejala del Ayuntamiento de Algeciras tanto en la actualidad como en el momento de los hechos), o a cualquier otra información sobre presuntas conductas ilícitas que afectaran al alcalde o al PP de Algeciras".

Para los socialistas, "de confirmarse este eventual propósito, los fondos públicos destinados a tales contrataciones habrían sido aplicados a un fin ajeno al interés general y a las funciones propias de los puestos, pudiendo integrar un posible delito de malversación de caudales públicos".

Bajo esa línea argumental, el PSOE señala "un posible tráfico de influencias por parte del Sr. Landaluce para facilitar la contratación de la Sra. Ruiz Gutiérrez en la Residencia de Mayores de San García (Algeciras), una vez cesado su puesto como personal eventual del Ayuntamiento de Algeciras tras haber sido condenada en firme por el Tribunal Supremo".

"Igualmente, se solicita que se investiguen las informaciones de los supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual que habrían sido presuntamente sufridos por dos concejalas del Partido Popular a fin de comprobar su veracidad y determinar si los hechos descritos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de acoso y/o abuso sexual por parte del alcalde hacia dichas ediles", expone la denuncia.

La continuidad de Landaluce en la Comisión de Asuntos Exteriores había sido especialmente criticada por la oposición. Sumar emplazó este mismo viernes formalmente al PP a que le quitase la Presidencia de la comisión al senador "señalado por violencia machista", argumentando que su permanencia resultaba incompatible con la gravedad de las acusaciones.