La política municipal en Algeciras vuelve a los tribunales con los pagos de los reconocimientos médicos

Algeciras/La política municipal de Algeciras vuelve a judicializarse, en esta ocasión por los pagos del Ayuntamiento a los funcionarios municipales que tienen que someterse a reconocimientos médicos para renovar el carné de conducir y cuyo puesto de trabajo en la institución municipal depende de la conducción. Son, en su mayoría, policías locales, así como chóferes, operarios y coordinadores que tienen en el permiso de circulación una herramienta de trabajo indispensable.

La portavoz y secretaria local del PSOE, Rocío Arrabal, anunció el miércoles la presentación de un escrito de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce (PP), por haber aprobado con cargo al presupuesto municipal el abono de las revisiones de salud, hechas en el centro médico de su propiedad, de los trabajadores municipales que renuevan su carnés de conducir. Los socialistas aprecian por estos hechos la presunta comisión de tres delitos, malversación de caudales públicos, prevaricación y participación en negocios prohibidos para cargo público, que han puesto en conocimiento del ministerio público para su evaluación.

El equipo de gobierno del PP, a su vez, prepara una querella contra Arrabal por un presunto delito de calumnias contra el alcalde por entender que "se ha traspasado una línea muy grave” con acusaciones “falsas y sin fundamento” a raíz de una prestación que está fijada en el convenio colectivo municipal desde 1988.

Conflicto de intereses para el PSOE

Para la portavoz municipal socialista, Landaluce cae en un “conflicto de intereses” que representa “la puerta de entrada de la corrupción”. La intervención del alcalde “en el pago de las facturas a su centro médico como prestador del servicio” es lo que le sitúa como "presunto responsable" de los tres delitos, según la dirigente del PSOE, con independencia de que los trabajadores municipales hayan elegido “de forma libre” dónde someterse a las citadas pruebas médicas y de que sean ellos los que pagan las revisiones que, a posteriori, les reembolsa el Ayuntamiento.

El abono de esas revisiones médicas a sus trabajadores por parte del Consistorio forma parte, desde 2012, del catálogo de prestaciones sociales de las que se benefician los empleados del Ayuntamiento algecireño por acuerdo con el comité de empresa municipal y que aparecen en el convenio colectivo. "Lo que no permite la ley es participar en el pago de las facturas", subraya Arrabal en alusión a Landaluce.

Prestación consolidada en el convenio

El primer teniente de alcalde y delegado de Personal, Jacinto Muñoz Madrid, y la concejal de Hacienda, María Solanes, anunciaron el jueves la réplica judicial al PSOE con la citada querella. “Los servicios jurídicos realizarán las acciones necesarias para defender el buen nombre del Ayuntamiento y de sus funcionarios, también puestos injustamente en entredicho por estas declaraciones”, ha señalado Muñoz.

Muñoz ha subrayado que las ayudas económicas a los funcionarios para la renovación del carné de conducir están recogidas desde 1988 en el convenio colectivo, mucho antes de que Landaluce accediera a la Alcaldía. Según ha detallado, dicho derecho fue introducido por el entonces alcalde socialista Ernesto Delgado, ampliado posteriormente por Patricio González y mantenido por los distintos gobiernos locales, incluidos los liderados por alcaldes del PSOE como Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera.

El concejal de Personal ha manifestado que no existe ningún contrato entre el Ayuntamiento y centro médico alguno. “Cada funcionario elige libremente el centro al que acude, abona los costes y después solicita la devolución, siempre que su puesto requiera el permiso de conducir”, ha explicado Muñoz. En 2024 se tramitaron 24 expedientes por un importe inferior a 1.000 euros.

Una querella contra la que el PSOE ha insistido en que será Landaluce el que tenga que dar "explicaciones" en los tribunales.