Los animales de Guillermo Cana, el jubilado algecireño que cuida de cuatro ovejas, tres chivos, una cabra y un carnero sin tener un certificado veterinario ni estar registrado como explotación ganadera, tienen complicado salvarse del sacrificio propuesto por una resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El responsable de la materia en Cádiz, Daniel Sánchez Román, asegura que se trata de un “auténtico problema de salud animal y de sanidad de las personas” y que la normativa “lo dice bien claro”: “Los animales que procedan de explotaciones clandestinas se considerarán sospechosos de padecer enfermedades infectocontagiosas, por lo que deberán ser sacrificados”, recuerda el delegado territorial, que también critica que el Partido Animalista (Pacma) “está haciendo política y jugando con la sanidad pública, mientras que nosotros estamos tratando el asunto con total escrupulosidad para no causar ningún tipo de indefensión jurídica al afectado”.

El principal problema de estos animales, según explica Sánchez Román, es que no es posible demostrar su origen ni su trazabilidad y que la provincia de Cádiz ha estado en alerta sanitaria por brucelosis hasta el pasado mes de enero. “Una explotación ganadera sin trazabilidad ninguna, sin estar en el registro de explotaciones ganaderas y sin que se pueda demostrar el origen es un auténtico peligro para la cabaña ganadera de Cádiz y de toda Andalucía y un auténtico problema de salud pública. No podemos jugar con estas cosas y el Pacma está haciendo un populismo bastante peligroso. Hasta el 16 de enero no se declaró la provincia libre de brucelosis”, destaca el delegado.

“Nosotros no tenemos nada contra las ovejas de este hombre ni contra una explotación legal. La cuestión es que recibimos el 12 de abril una denuncia de un vecino porque los animales causaban malos olores y molestias en la vía pública porque había una persona que criaba y vendía estos animales y por eso nosotros hicimos una visita. En la primera información que tuvimos, conocimos que este hombre dedicaba los animales al autoconsumo, cosa que tampoco está permitida, y no podía demostrar que estuviera registrado como explotación ganadera. Tampoco tenían trazabilidad ninguna y la ley de sanidad animal deja claro que cuando se no puede demostrar esto, hay que proceder al sacrificio de los animales”, explica Daniel Sánchez.

En las alegaciones presentadas, el afectado y Pacma proponen trasladar los animales a un refugio situado en la Comunidad de Madrid. “Pero la Administración nos ha respondido que si los animales no tienen trazabilidad, no va a permitir que los lleven allí”. Pacma también ha solicitado que realizan análisis para determinar el estado de salud de las reses, pero la clave es que se desconoce el origen.

La Junta de Andalucía remitió el pasado lunes al afectado una propuesta de resolución y ahora tiene otro plazo para presentar nuevas alegaciones. La situación de los animales de Guillermo Cana se torna muy complicada.