La Junta de Andalucía remitió este lunes a Guillermo Cana, el jubilado algecireño que cuida desde pequeñitos a cuatro ovejas, tres chivos, una cabra y un carnero, una resolución que dictamina que el sacrificio de los animales tendrá lugar en un máximo de 10 días. La Junta señala que se trata de una explotación clandestina y acusa al propietario de los animales de usarlos para autoconsumo. El Partido Animalista (Pacma) señala que estas acusaciones han sido negadas por el propio Cana, su familia y numerosos vecinos y que se ha visto el "gran interés" del pastor en salvar la vida a los animales y recurrirá esta decisión.

Guillermo Cana recibió a principios del pasado junio la visita de una inspección veterinaria de la Dirección Provincial de la Agencia de Gestión Agraria de Andalucía. Como carece de un certificado veterinario que indique que los animales están en perfecto estado, los inspectores le comunicaron que ha sido sancionado por una falta grave, por supuestamente tener una explotación de animales sin identificación.

"Ni el equipo del Partido Animalista, ni su apoyo jurídico, ni la concentración de protesta frente al edificio de la Junta en Algeciras, ni la difusión por prensa escrita, radio y televisión, ni los vídeos de personas solidarizándose con Guillermo, ni la petición jurada de vecinos y conocidos, ni las 12.000 firmas recogidas, ni las campañas de apoyo en redes sociales, ni siquiera las lagrimas de Guillermo han conmovido ni hecho reaccionar a la Delegación de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, que se niega a conmutar el sacrificio de estos inocentes animales por el traslado a un Santuario", lamenta el Pacma. 

El partido lamenta que el proceso que se seguirá es idéntico al que se realizó recientemente en Ceuta con 40 cachorros sospechosos de tener rabia, que fueron sacrificados sin haber sido contagiados.

"La legislación andaluza condena a muerte a animales sanos, sin ocuparse en comprobar primero si verdaderamente son contagiosos de alguna enfermedad o por el contrario están completamente sanos. La Junta de Andalucía tiene la posibilidad, atendiendo a las circunstancias epidemiológicas de la zona, de realizar analíticas a los animales antes de sacrificarlos", explica Pacma.

"Sorprende esta decisión teniendo en cuenta que la provincia de Cádiz declarada indemne de brucelosis y tuberculosis por la Unión Europea, por lo que la posibilidad de que estos animales estén infectados es nimia. Es extraño que desde la Oficina Comarcal Agraria (OCA) se utilice este argumento para dictaminar la muerte de estos animales en un afán exclusivo de preservar este galardón un año más, con independencia de determinar la veracidad de la ausencia de estas enfermedades en la provincia", destaca el Partido Animalista.

Pacma condena rotundamente la "injusta decisión" de la Junta y presentará el recurso correspondiente para seguir luchando por los derechos de los animales y evitar que sean sacrificados sin siquiera comprobar su estado de salud. "Asimismo, pedimos que se tenga en cuenta el vínculo afectivo del pastor con sus ovejas, su edad avanzada y su delicada salud, que se está viendo afectada por todo este amargo y desagradable asunto", indica la entidad.