El Estado nacionaliza tres cajas más al ser incapaces de captar capital

El Banco de España dio ayer por concluida la recapitalización de las trece entidades que no daban la talla en materia de capital, aunque ello le obligó a quedarse con tres de ellas, Unnim, NovacaixaGalicia y Catalunyacaixa, y a intervenir una, la CAM, con un desembolso total de 7.550 millones.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, había dado de plazo hasta el 30 de septiembre a las entidades para alcanzar el mínimo de capital exigido, bien a través de salidas a Bolsa, operaciones corporativas, ampliaciones de capital o fusiones.

Al cumplirse ayer el plazo, el responsable de la entidad supervisora compareció ante la prensa para dar cuenta del intenso proceso de recapitalización que se ha desarrollado en los dos últimos años. Esta transformación ha permitido no sólo sanear las entidades, sino reducir su número, todo con el objetivo de que cumplieran con un ratio mínimo del 10% de capital principal -8% si cotiza en Bolsa-, los activos de mayor calidad que garantizan la solvencia del sector financiero.

En un principio eran trece entidades, la mayor parte cajas de ahorros, las que tenían que buscar la manera de captar los fondos privados necesarios, y no todas ellas lo han logrado.

De hecho, según se anunció ayer, el Estado -a través del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB)- se ha visto obligado a quedarse con el 100% del banco de Unimm, que integra a Caixa Terrasa, Caixa Sabadell y Manlleu. Igualmente, ha tenido que entrar con el 90% de Catalunyacaixa -Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona- y con el 93% del NCG Banco, entidad que asume las competencias financieras de Novacaixagalicia. Se trata, según dijo el gobernador, de dar una nueva oportunidad a estas entidades, en algún caso con nuevos gestores, para fortalecerse y asegurar su pervivencia. El Estado ha establecido valoraciones que arrojan un descuento del 88% del valor en libros del banco gallego, del 91% en el segundo caso, y que otorgan un valor nulo a Unnim. De hecho, en este último caso, el pago del FROB ha sido de un euro simbólico.

Según la legislación vigente, el Estado podrá permanecer en su capital durante un plazo de un año con la posibilidad de recompra por parte de la propia entidad o de quien designe ésta.

En total, la reestructuración del sector ha costado al Estado, a través del FROB, un total de 7.551 millones de dólares, a los que se unen los 5.838 millones de euros que las entidades han captado de inversores privados. Esto eleva a 13.389 millones el coste total de la reestructuración financiera, cifra que se sitúa por debajo de los 15.152 millones de euros que se habían calculado inicialmente.

Fernández Ordóñez reconoció que se trata de cantidades muy importantes "para un ciudadano normal", pero aclaró que el FROB cuenta con recursos superiores a los 9.000 millones de euros y capacidad para elevar sus fondos hasta 88.000 millones, por lo que "no hay problema".

Además, el gobernador consideró que estos recursos se recuperarán, a no ser que se registren pérdidas, con un tipo de interés que puede establecerse en torno al 12%, de acuerdo con el objetivo del Banco de España de reducir al máximo el coste para los contribuyentes. "Ha puesto dinero el contribuyente y ha de ser retribuido", defendió.

A estas cantidades hay que sumar el importe del llamado FROB I, más de 13.000 millones de euros, que se diferencian de la siguiente oleada en que son créditos que las cajas recibieron para acometer su reestructuración y que deben devolver en teoría en un plazo máximo de cinco años.

El gobernador hizo un balance positivo del proceso, que ha permitido sobre todo redimensionar el sector "después de la borrachera que se produjo entre los años 1994 y 2006, y que hizo que creciera por encima de lo que el país se podía permitir".

La transformación del sector de las cajas de ahorros ha sido brutal: de contar con 45 entidades, con un tamaño medio de 28.504 millones de euros, ha pasado a estar integrado por 15 entidades o grupos de cajas con un volumen medio de activos de 85.512 millones, según datos de la CECA, la patronal de las cajas. El proceso comprende siete fusiones, cinco SIP (Sistema Institucional de Protección) y dos adquisiciones, y como parte del mismo se han creado hasta la fecha dieciséis Bancos instrumentales. Tres de ellas han pasado incluso por el trance de ser intervenidas: Caja Castilla-La Mancha, Cajasur y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Si se traza una comparación entre el proceso actual y el último registrado, que data del comienzo de la década de los 90, puede comprobarse la intensidad del cambio actual y la rapidez con que se está produciendo. El proceso anterior representó una reducción del número de cajas del 43% (se pasó de 87 Cajas a 50) y tardó cuatro años en completarse. El actual registra una contracción del 66,6% en el número de entidades (de 45 a 15).

Por otro lado, a las sinergias que se generan como consecuencia directa de los procesos de integración, hay que sumar el intenso esfuerzo realizado para la reducción de capacidad instalada, que se traduce en una mayor eficiencia vía disminución de costes. Así, el número de oficinas de las cajas ha pasado de 25.051 en 2008, año en que se alcanzó la máxima capacidad, a 21.750 a 30 de junio de 2011, lo que supone una reducción del 13,18%, esto es, 3.301 oficinas. Por lo que se refiere al número de empleados, ha pasado de 135.415 en 2008 a 121.229, a 30 de junio de 2011, con una reducción del 10,48% en ese periodo, es decir, 14.186 empleados.