Manual de no convivencia

La escena presenciada el pasado viernes en el Ayuntamiento de Algeciras, con todos los concejales de la oposición abandonando el Salón de Plenos prácticamente al unísono, deja en evidencia el boquete abierto, insalvable, entre los grupos políticos. La tibieza mostrada por José Ignacio Landaluce ante las imputaciones más o menos explícitas lanzadas en su contra desde hace más de un año, sin acudir de forma inmediata a los tribunales para defenderse y con dimisiones incompletas, a última hora, de sus cargos orgánicos en el PP, acentúa la sensación de que asistimos a una agonía prolongada.

Es cierto, como sostiene Landaluce para aferrarse a los cargos de alcalde y senador, que no existe denuncia judicial alguna por parte de las supuestas víctimas de abusos sexuales. No obstante y desde el inicio de la polémica, constan otros elementos en su contra: se han difundido de forma amplia los comprometidos mensajes compartidos por tres concejalas, quienes jamás han negado su autoría ni la existencia de los mismos, y también se conocen -a través de Público- los testimonios anónimos de dos mujeres que acusan al regidor. Además y en relación con la presunta malversación, se ha puesto más que en evidencia cómo Landaluce colocó posteriormente como personal municipal de confianza a una de esas ediles, Laura Ruiz, al tiempo que se ha desvelado -en El Correo de Andalucía- el denodado intento de un abogado contratado por el Ayuntamiento para que esta firmase un documento en el que se reconocía poco menos que como una trastornada mental.

Los cortafuegos que Landaluce ha ido colocando en todos estos meses le han servido de poco. Al contrario. Que se sepa y por lo dicho por el propio alcalde, su respuesta ante los tribunales ante tan graves acusaciones han consistido en una demanda judicial en defensa de su honor contra el PSOE -a lo que los socialistas no han accedido- y en la presentación de una querella, esta misma semana, contra el eurodiputado Alvise Pérez. Fue él quien, nada menos que en octubre de 2024, desveló los citados mensajes entre las concejalas. Estas, como también es sabido, tampoco se han querellado contra tan detestable personaje pese a que tienen a su favor que la difusión de conversaciones privadas sin consentimiento de las partes implicadas constituye un delito. Claro está que, de hacerlo, admitirían tanto la autoría como la veracidad de aquellas.

A estas alturas de la película no hay que explicar a nadie la diferencia entre las responsabilidades penales, que ya se dilucidarán en el Tribunal Supremo -a raíz de la denuncia del PSOE- y las políticas. Unas y otras se miden por raseros diferentes. El PP, aunque muy tarde, ha realizado una lectura correcta de los hechos apartando a Landaluce de sus filas, pese a sus 41 años de fiel militancia y sus más de 14 como alcalde de Algeciras.

Ya solo resta que el protagonista de esta desagradable polémica, que afirma solemne que ha dejado el PP por propia voluntad para "no dañar" la imagen de este, se baje del pedestal lo antes posible, abra los ojos y ponga a la ciudad que tanto dice defender al mismo nivel que al partido al que perteneció. Que reflexione por un instante en la triste imagen que estos días se ofrece de Algeciras. Juanma Moreno lo definiría como manual de convivencia.