Un preso vocifera en el patio. Clama a Dios y al diablo. Está muy excitado. Los funcionarios lo reducen y lo trasladan a las dependencias sanitarias. Cuando está frente al médico vuelve a perder los estribos, lo agarra por el cuello y ambos ruedan por el suelo de la consulta. La escena no pertenece al guion de una película del siglo pasado. Ocurrió, no hace mucho, en la cárcel de Algeciras. Aquí, en Botafuegos, no caben más de 1.008 internos y hay más de 1.300. No hace tanto llegó a haber 1.800. Deberían mantenerse las necesidades sanitarias con un equipo, según la Relación de Puestos de Trabajo, compuesto por diez facultativos (nueve y un jefe médico). En realidad sólo hay cinco. En enero puede quedarse tres, porque dos se marchan. "Estamos en una situación extrema. Vamos camino de la prisión de los años 80, en la que los funcionarios se revolcaban todos los días con los internos", explica uno de los médicos de la cárcel, Carlos Ginés, que confiesa que él y sus compañeros reciben cada día coacciones y amenazas de muerte en un estado de agresividad creciente que no parece tener solución.

Los facultativos dicen que les es imposible atender a los reclusos como marca la ley

En el centro penitenciario de Botafuegos hay más de 400 internos que toman medicación psiquiátrica en dosis altas. Sin embargo, solo hay un psiquiatra -como hace veinte años- que va una vez por semana. Imposible mantener un seguimiento diario de todos los casos. "Los centros penitenciarios son psiquiátricos encubiertos y éste, de los que más. Tenemos un psiquiatra que va una vez por semana, un dentista que va tres veces por semana, un internista que va a ver a los enfermos de hepatitis C una vez cada tres meses, aun así hemos hecho una gran labor con el Punta de Europa para curarla en Botafuegos. Los enfermos de Sida están todos con una carga viral indetectable, lo cual es un gran logro para detectar las enfermedades crónicas. Es decir, lo más importante lo estamos haciendo, pero ¿hasta cuándo vamos a poder seguir?", se pregunta Ginés, que lleva 11 años en la cárcel de Algeciras y admite que los presos no reciben la atención que debieran porque el equipo médico es insuficiente. "Al preso, que es el principal perjudicado en esta situación, ha llegado un momento en el que ver a un médico le resulta realmente complicado. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a estar siempre ahí, haya uno, dos o diez. Los funcionarios siempre vamos a hacer lo que podamos. pero tenemos que cubrir una serie de reglamentos e instrucciones que son de imposible cumplimiento actualmente. Hacemos lo más básico y lo más importante, pero llegamos a lo que sería necesario", continúa.

En la prisión de Algeciras hay aproximadamente 6.000 movimientos (internos que entran y salen) al año. Hay que hacerles revisiones en todos los casos. Hay, además, 7.000 urgencias anuales, programas especiales de tuberculosis, hipertensos, diabéticos, los enfermos psiquiátricos, brotes de sarna, etcétera. Es imposible realizar, por ejemplo, las consultas programadas, que quedan en manos de la enfermería (hay 13 más un interino). "El interno siempre va a tener una sanidad, pero no es la que se está programando en la ley", subraya Ginés. 

José Luis Alcaraz (Acaip) y el médico Carlos Ginés.

"Nos hemos quejado al Colegio de Médicos y nos ha confirmado que efectivamente no tenemos capacidad de cumplir esas instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Nos hemos quejado a la Inspección de Trabajo para decirle que nuestra situación es insostenible. Nos dijo que teníamos razón y que este centro tenía que ser cubierto de más personal en seis meses. El Ministerio del Interior ha dotado el Campo de Gibraltar de más Policía y Guardia Civil, lo cual es fantástico para controlar el narcotráfico sobre todo, pero ha hecho un tapón tremendo en el centro penitenciario. No podemos atender sanitariamente a los internos como se merecen", insiste.

"Soy la cuarta generación de funcionarios en mi casa. Si a mi me dice el centro penitenciario que me suspende las vacaciones o los días libres yo no voy dejar de ir a trabajar. No voy a dar un paso atrás, pero el centro tiene que saber que tiene unos internos que no están siendo bien tratados", apostilla.

Siete personas murieron el año pasado en Botafuegos, seis de ellas por sobredosis

El problema, según entienden los facultativos de Botafuegos, es que los médicos cada vez son menos y a los que hay no les compensa trabajar en una cárcel. "Tenemos muchos problemas para coger vacaciones, para compatibilizar nuestra vida familiar. Vivimos una situación complicada. En España faltaban 4.000 especialistas el año pasado, pero es que el 27% de los médicos españoles tiene más de 60 años. Esto quiere decir que en el 2025 la falta de médicos se va a triplicar. Si comparamos la población médica general, que tiene un déficit del 3% de médicos, el de prisiones es de un 37%. No quieren venir a la prisión. Los que se interesan, cuando ven la situación lo dejan. Se van porque esto no le interesa a nadie, tanto laboralmente como económicamente. Yo gano 1.500 euros menos al mes que un médico de la calle. Cuando trabajaba en el hospital de Calahorra tenía un sueldo 10.000 euros mayor que el mío actual, 11 años después. Algo está fallando y tiene visos de empeorar", denuncia.

Los médicos no pueden apoyarse en los enfermeros para cualquier protocolo. "Si dejamos la sanidad en sus manos, como ha pasado en León, en el último mes y medio de 700 presos se han muerto siete. Estamos con una mortalidad más alta que en una zona de guerra". El año pasado fallecieron en Algeciras siete presos, seis de ellos por sobredosis. La droga entra, bien a través de los internos que vuelven de permiso, bien por las visitas. En un fin de semana, Botafuegos puede recibir 900. No hay un cuerpo de vigilancia como para controlar ese aluvión. "O soluciona esto Interior o los médicos nos cansaremos y nos iremos a la pública, porque nos va a pasar como al pianista de las películas de vaqueros, que es al que al final le disparan", explica Ginés.

En Andalucía, las competencias de la sanidad en las cárceles es del Ministerio del Interior -ni siquiera del de Justicia- pese a que desde hace años las comunidades del País Vasco y Cataluña asumieron las competencias. Allí no hay problemas porque el sistema sanitario en los centros penitenciarios se apoya en el de fuera. Ese, entienden, los médicos, es el camino. Pero en cualquier caso sería una solución a largo plazo. Y lo que Botafuegos necesita es mucho más inmediato. O se convertirá en un polvorín como las cárceles de hace 40 años.