Los funcionarios del centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, han solicitado al Ministerio del Interior que aplique una "política de dispersión" con los miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico similar a la que llevó a cabo de manera generalizada desde 1989 con los presos de ETA y Grapo. A través del sindicato Acaip-UGT, el mayoritario en las cárceles españolas, ha reclamado el "traslado y la separación" de los narcos que cumplen sus condenas en la prisión algecireña como una de las medidas fundamentales para paliar la "situación insostenible" que viven los trabajadores en un centro en el que han sufrido 34 agresiones en los últimos cinco años.

José Ramón López, presidente nacional de Acaip, ha ofrecido este miércoles en Algeciras una rueda de prensa en compañía del portavoz de prensa, Joaquín Leiva, y Manuel García y José Luis Alcaraz, representantes del sindicato en el Centro de Inserción Social Manuel Montesinos Molina y la propia prisión de Botafuegos, para alertar del enrarecimiento progresivo que padece el centro penitenciario. "Vivimos un momento problemático y muy crítico", ha afirmado López, que ha criticado que el Ministerio del Interior y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias hayan anunciado la creación de un grupo de trabajo para analizar la situación en Algeciras sin contar con la dirección de la cárcel ni con sus trabajadores. "Tienen que trabajar en serio para buscar soluciones", ha pedido.

Estas soluciones pasan, ha afirmado López, por frenar la escalada de agresiones contra los trabajadores de Botafuegos (en lo que va de año el sindicato contabiliza 11) lo que se produce, a su juicio, porque "no tienen ninguna consecuencia para los internos que las cometen". Tampoco la han tenido los ataques contra vehículos de funcionarios (tres calcinados en lo que va de año, bajo investigación policial), así como los dos intentos de motín en un mismo módulo, "donde se agrupan los reincidentes". 

Los teléfonos móviles entran, según el sindicato, casi cada día al interior de la cárcel, sobre todo al módulo en el que se encuentran la gran parte de los condenados por narcotráfico. En los últimos cinco años se han incautado 690 en Botafuegos, una decena solo el pasado viernes cuatro de noviembre. "No es normal", critica el presidente nacional de Acaip, que entiende que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias tiene su mano poner fin a la presencia de estos aparatos. "Si los inhibidores de frecuencia funcionasen no habría móviles dentro de la prisión porque serían un objeto decorativo, inservible. ¿Por qué no funcionan? Estamos esperando a que Interior conteste a esto", subraya López, que afirma que mientras tanto son utilizados "para seguir dirigiendo las organizaciones de narcotraficantes y cometiendo delitos", incluso algunos relacionados con la violencia de género, como ha sucedido en otras prisiones. "Si Interior e Instituciones Penitenciarias hiciesen su trabajo no ocurriría", ha apostillado.

La prisión de Botafuegos.

Los trabajadores de Botafuegos se sienten "constantemente coaccionados". "No hay regresión de grado y los traslados se producen con cuentagotas", explica López. "En definitiva, no hay consecuencias. Si un funcionario le retira un móvil a un interno tiene que escuchar que le dicen '¿usted vive en Algeciras, no?", ha narrado. Ante estas amenazas, Interior e Instituciones Penitenciarias "no hacen nada". "La situación es muy complicada, porque aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que eres funcionario de prisiones, saben donde vives, a qué colegio van tus hijos y muchas veces coincides con las familias de los internos", ha relatado. 

"Esta es una plantilla con muchas ganas de trabajar, con un nivel de compromiso altísimo y una profesionalidad demostrada con creces" que desarrolla su labor en una "condiciones insoportables". La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Botafuegos es de 475 trabajadores -"ya de por sí deficitaria", afirma López- pero se ve mermada porque no se cubren las vacantes y las bajas, que asciende a "un 10% del total". 

"En el último plante se solicitaron dos 75.1 que implican la modificación del régimen de vida a primer grado (aislamiento físico) y se denegó", denuncia Acaip. "Estamos cansados del buenismo hacia los internos. Hay que darle a cada uno lo que se merece", ha añadido el presidente del sindicato, que entiende que no se puede tratar igual al que cumple las normas y respeta la convivencia que al que no lo hace. 

"Hay un módulo en Botafuegos en el que está la flor y nata del narcotráfico del Campo de Gibraltar. Están todos juntos y eso genera muchos problemas. La política de dispersión de ETA y el Grapo obtuvo los mejores resultados", ha manifestado López, que ha alertado además de los avistamientos de drones en Botafuegos, lo que pone en peligro la seguridad de los internos y los trabajadores en una situación que nunca se había dado con anterioridad y que es especialmente grave en Algeciras y Ceuta.

Estos son aparatos asequibles "para una población reclusa de un poder económico importante" y permiten introducir en la cárcel "droga y móviles", pero en el futuro pueden ser "armas de fuego". "Necesitamos que se declare un espacio aéreo protegido como en los aeropuertos", reclama Acaip, que entiende que se ha generado "un sistema de inseguridad" ante el temor de alguien meta una pistola para "un ajuste de cuenta o un asesinato". Incluso, ha afirmado, los drones pueden ser un instrumento novedoso para intentos de fuga. "Un dron puede sacar a una persona de un patio. Ya los hay que pueden llevar ochenta o noventa kilos y es algo que se podría producir", ha alertado. 

"El problema es que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Hablar con las administraciones es como hacerlo en otro idioma. Reclamamos a Interior que tenga una especial sensibilidad con el Campo de Gibraltar porque lo que aquí ocurre no sucede en ninguna otra parte del país. Si no se toman determinadas medidas muchos profesionales se irán a otros lugares donde no se producen", ha concluido.