Casa de los muñecos, hechuras de colchón y ropa lavada

Para salvaguardar sus intereses, un vecino de Algeciras, Joaquín de Robledo Altozano, se dirigió juez de primera instancia de este distrito en los siguientes términos: “D. Joquín de Robledo Altezano, propietario y habitante de la calle Ymperial, número Once; ante V.S. como mejor haya lugar en derecho comparezco y digo: Que conviniendo al mío acreditar que fijé mi residencia en esta Ciudad, desde el día diez de Diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho, viviendo primero en la calle Real número veintiséis; y trasladándome luego en Abril siguiente á la casa de mi propiedad que compré en dicho mes hasta la fecha donde continúo; á V.S. pido y suplico qué teniendo por presentado este escrito se sirva admitir la prueba testifical que ofrezco de los indicados extremos, tomando declaración á don Francisco de la Vega Arjona; don Agustín Valle y don Francisco de Rojas, todos de esta vecindad, los cuales dirán lo que les conste”.

Y como es de justicia, y así lo recoge el expediente judicial, todos los testigos apoyaron “para su derecho” la declaración de Robledo Altozano. Al parecer este escrito remitido al juzgado de primera instancia algecireño, bien pudiera estar dentro del marco de las desavenencias judiciales que el declarante mantenía con el también vecino de Algeciras Francisco Mendoza Pacheco, teniendo su origen en el litigio que ambos mantuvieron por la mitad de un popular inmueble conocido como “Casa de los muñecos” (llamada así por las figuras que adornaban la parte superior de la fachada principal), y situado en el número 10 de la misma calle Imperial. La otra mitad era propiedad de José Santacana. Tras la aclaración judicial y posterior fallecimiento del mayor de los Santacana, toda la finca pasaría a engrosar el patrimonio inmobiliario de Emilio Santacana y Mensayas.

Dejamos atrás la figura del menor de los Santacana, que tan importante sería para el futuro de Algeciras, no sin subrayar que en aquel año de 1871 el futuro alcalde de la Conferencia contaba con 25 años y se encontraba en tierras europeas, principalmente británicas, formándose y defendiendo los intereses de la empresa familiar sita en el número 29 de la calle Larga o Cristóbal Colón (hoy, Emilio Santacana). 

Al mismo tiempo que en aquel mes de octubre del 71 los declarantes finalizaban su testimonio en sede judicial a favor del citado Joaquín de Robledo; en sede administrativa provincial, y también con objeto de clarificar los gastos del presupuesto aprobado el año anterior, se hace constar en acta el siguiente gasto: “Abonar por cuenta de los fondos provinciales 242 rv á la Excma. Sra. Dña. Sandalia Monasterio de Rolandi; importe de hechuras de colchones y lavado de ropas de la casa del Gobernador de la Provincia”. La tal señora con tan llamativo nombre era la esposa del casi recién nombrado nuevo Gobernador de la provincia. Tan excelentísimo señor usuario de las “hechuras de su colchón y su correspondiente ropa lavada”, había tomado posesión del cargo a comienzos de aquel verano del 71.

El gobernador Sebastián Rolandi Barragán y su esposa, Sandalia Monasterio Correas, eran naturales de la vallisoletana población de Simancas, aunque avecindados en la ciudad de Cartagena desde años atrás. Miembros de la burguesía local, en 1869 el que fuera tres años más tarde nombrado gobernador de Cádiz, facilitó al general Prim -junto al progresista Bartolomé Spottorno-, los medios para constituir la Junta Provisional de Gobierno de aquella estratégica plaza. El citado Spottorno sería nombrado Alcalde de Cartagena, mientras que Rolandi pasaría por los palacios de los gobernadores civiles de Zaragoza, Cádiz y posteriormente Sevilla.

Sebastián Rolandi Barragán pertenecía a una rica familia propietaria de una sociedad minera constituida por su padre Estanislao Rolandi en 1841; domiciliado por aquel entonces en Lorca; haciéndose cargo de la misma al fallecer su padre y recibir sendos poderes de su madre, Josefa Barragán, para la administración de la sociedad minera “Viuda e Hijos de D. Estanislao Rolandi”. Su hermano Estanislao Rolandi Barragán, estaba muy relacionado con la industria del cristal y con la célebre familia Rothschild.

Aprovechando que el río Pisuerga pasa por la reseñada Simancas, lugar donde nació tan pulcro matrimonio simanqués, eso sí, a costa del erario público, continúa la también pulcra actividad de la administración progresista, como cuando, para abaratar costes, se decide adoptar una medida que será de aplicación en todas las plazas de toros de la provincia: “Vista la reclamación interpuesta por los Regidores del Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María [...] para que se declare que los toros que se maten en las corridas [...] no estén sujetos al pago de los derechos que se apliquen á las reses que se degüellan en el matadero público [...] se acordó acceder á lo solicitado declarando libres del pago de los derechos de degüello las reses que mueran en las corridas de las Plazas de toros durante el actual año económico”.

Sin duda, el taurino algecireño que acudía a la joven Perseverancia -tan solo habían transcurrido cinco años desde su inauguración- tendría el humano pensamiento de que: con la desaparición de tal impuesto se rebajaría el precio de las localidades. El arrendatario del coso, también y sin perder su humanidad, contemplaría la gran posibilidad de aumentar sus ingresos sin tocar el coste de las entradas. Cómo parafraseara el vulgo… “¡Cá uno cuenta la feria como le vá!”.

Y siguiendo con la tónica de la toma de decisiones administrativas de efecto indirecto en otras poblaciones, comentar que en provincial sede se contempló una medida con gran impacto -de ser aprobada-, para la economía del Campo de Gibraltar: “Se dispuso contestar á la consulta del Alcalde de la Línea hace acerca de si puede imponerse un arbitrio sobre el Ron, Ginebra y Aguardiente de caña, que son artículos de producción extranjera, en el sentido que la Comisión ha resuelto asuntos análogos, esto es, declarando que los géneros de producción extranjera pueden ser gravados á tenor de lo que dispone el párrafo 4º del artª 132 de la Ley de 3 de Junio de 1870 pero deduciendo de su valor los derechos arancelarios que á su introducción hayan satisfecho”. La oficial y posible subida de precios en las bebidas espirituosas -lo de la reducción de los derechos de aranceles había que verlo-, representaría un importante comercio ilegal teniendo como escenario las costas de la comarca y aledaños.

Y así, con los contrabandistas frotándose las manos ante un más que posible aumento del arbitrio de las citadas bebidas, finalizó aquel controvertido mes de octubre dando paso al luctuoso noviembre que comenzó, entre otras, cubriéndose los puestos que habrían de hacer frente, precisamente, al posible aumento de ilícitos; para ello se nombró como Capitán del Puerto de Algeciras a D. Francisco Moreno Miranda; y a D. Faustino Barreda Pérez; como responsable del pontón del mismo nombre. Hay que señalar que el temido pontón Algeciras, tenía cuatro cañones, 160 CV y había sido construido en 1864. Sumándose a los anteriores para reforzar dicho control, el comisario de primera clase, D. José Aulestia López. El tradicional enfrentamiento entre contrabandistas y fuerzas de represión estaba servido, y su escenario y actores preparados.