Los afectados de las 144 viviendas en ruinas de La Piñera culpan al Ayuntamiento de hacer "un simple lavado de cara" en los bloques
Los vecinos de los pisos conocidos como CA-8 se sienten en "desamparo" ante el progresivo deterioro que ya ha obligado a desalojos
El Ayuntamiento trata con Fapacsa la situación de las familias desalojadas de los bloques de la Piñera

Algeciras/Los vecinos de los edificios de las 144 viviendas conocidas como CA-8, construidas en La Piñera Baja en torno a los años 50 del siglo pasado y que presentan graves problemas estructurales que han obligado incluso a desalojos, se han constituido en una plataforma para advertir que se encuentran en "situación de desamparo" y las actuaciones que se realizan son "un simple lavado de cara".
María del Mar Martín Lozano, presidenta de la Plataforma de Afectados de las Viviendas CA-8, ha lamentado la "crítica situación" de estas viviendas, "muchas de ellas sometidas a una serie de subvenciones parciales públicas" para “mejorar la eficiencia energética” con el que "las administraciones pretenden esconder la realidad de unos edificios con una serie de años y con unas gravísimas deficiencias estructurales". Martín Lozano advierte de que se "dilapida literalmente dinero público en unas actuaciones que van a suponer en el mejor de los casos un simple lavado de cara y en el peor, como ya está sucediendo, el desahucio directo de los vecinos a la calle por peligro inminente de ruina". Esto, entiende no es achacable a la falta de mantenimiento de los propietarios e inquilinos, "sino a un déficit estructural conocido por las administraciones desde hace ya muchos años y que han permitido, por ausencia de actuaciones, que nos encontremos en la actual situación de desamparo".
"Los vecinos que son echados a la calle por mandato municipal debido a esa amenaza de ruina inminente, se encuentran con sus familias y sus pertrechos en tierra de nadie, con un alojamiento social de un par de semanas máximo en una pensión y después de nuevo a la calle", continúa. "Se nos promete ayuda para poder alquilar, ignorando que debido a la situación de especial vulnerabilidad de estas familias, les es imposible cumplir con los avales o contratos de trabajo que hay que presentar para poder formalizar un alquiler", advierte.

Ahora, los vecinos no quieren "depender de unas administraciones públicas que no priorizan la urgencia" de su "especial situación", que llevan "padeciendo desde hace más de 20 años con el correspondiente deterioro por el paso del tiempo y sus efectos sobre las viviendas". Algunas han sido desalojadas por riesgo de derrumbe desde hace más de 10 años. "Creemos que los responsables de estas administraciones son quienes deben estar encima de nosotros, protegiéndonos e informándonos de manera ágil sobre las posibles soluciones y no al revés, pues se pervierte la relación de servicio público obligado al ciudadano convirtiéndonos en un problema más para nuestros servidores públicos".
La plataforma solicitará "de manera urgente" a la Delegación de la Vivienda, los cuadernos técnicos de los edificios que entraron en la subvención pública que abonaba el coste de los mismos y que "en buena lógica deben ser diferentes y personalizados a la circunstancia particular de cada bloque".
También se presentará ante el Ayuntamiento como el único interlocutor válido para que no se traten los problemas y posibles soluciones "de manera individual" y se fije "un patrón serio de seguimiento global de todos los afectados. También trasladará a los parlamentarios andaluces y a todos los grupos municipales de la oposición toda la información relativa a las CA-8 con la finalidad de "tratar de agilizar la solución a nuestro grave problema intentando soluciones entre todos los implicados".
La plataforma agradece su implicación a Antonio Gallardo (Vox), Juan José Fluxá, presidente del Consejo de Barrio de La Piñera, y Eloísa Serrano (Fapacsa).
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