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La madre de Xavier pide ayuda a Múgica para que vuelva su marido

Y. G. T. / Algeciras

10 de abril 2008 - 01:00

La asociación Pro Derechos Humanos entregó ayer diversa documentación a la asesora del área de Migraciones y Asuntos Exteriores de la Oficina del Defensor del Pueblo, Elena Arce, -que asistió a las jornadas de inmigración organizadas por la Mancomunidad-, para pedir la actuación de oficio de la Oficina del Defensor del Pueblo Español en el caso del pequeño Xavier, hijo de padres bolivianos nacido en Algeciras y cuyo progenitor fue repatriado a su país de origen. También se ofreció esta misma información al delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán y a la presidenta de la Mancomunidad, Isabel Beneroso.

Entre el expediente de la asociación se encuentra una misiva dirigida al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de la madre del pequeño, Brenda Belén Abaguazu, en la que le relata como transcurrieron los hechos hasta la orden de expulsión de su marido, Wilfredo Heredia Huanta y su marcha a Bolivia. La joven suplica al Defensor del Pueblo que interceda ante el delegado del Gobierno central en Cádiz para que anule la prohibición de entrada en España que pesa sobre su marido.

Brenda Belén Abaguazu adjunta en su carta, los pasaportes de la familia, el DNI del pequeño y la propuesta de expulsión que le dieron a su marido cuando fue detenido en Algeciras el pasado mes de febrero.

Pro Derechos Humanos remite al Defensor del Pueblo una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de enero de 2005 en el que cita que "el primer derecho del hijo menor es estar, criarse y educarse con sus padres, un derecho derivado de la propia naturaleza y por tanto más fuerte y primario que cualquier otro derecho de configuración legal".

Al respecto, José Antonio Gómez Periñán, dijo que se había comprometido a trasladar dicho informe a estancias superiores, si bien quiso dejar claro que "no puedo pensar más que el expediente está bien tramitado, que la decisión se ajusta a las leyes, y que lo que ha hecho la Subdelegación es lo que el ordenamiento jurídico español le obliga en esta situación".

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