El Tribunal de Cuentas ha dado el primer paso para iniciar un proceso de investigación en torno a la situación de la empresa pública de limpieza de Algeciras, Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa), al aprobar con fecha 3 de septiembre una diligencia en la que da un plazo de cinco días para que tanto la sociedad municipal como el Ayuntamiento de la ciudad, además de la Fiscalía y del trabajador denunciante de las presuntas irregularidades, se pronuncien sobre el nombramiento de un delegado instructor de las actuaciones o pidan su archivo.

El órgano fiscalizador, según la diligencia a la que ha tenido acceso Europa Sur, considera subsanado un defecto de forma inicial en la denuncia presentada y, tras estudiar la documentación que se le ha hecho llegar sobre Algesa, abre la posibilidad de que todas las partes se expresen sobre la oportunidad de iniciar la investigación.

La decisión del Tribunal de Cuentas coincide con el inicio de las investigaciones sobre Algesa por parte de la Fiscalía de Algeciras tras una denuncia presentada por el grupo municipal de Vox en el Consistorio algecireño, que se ha servido de la documentación aportada por la llamada plataforma ciudadana Paladina, formada por exmiembros del sindicato CSIF.

Estas pesquisas han recaído en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la comisaría de la Policía Nacional en Algeciras. Dos son, en principio, los asuntos que centran la investigación: la compra de vehículos de segunda mano para la flota de camiones de recogida de basuras y el sistema de contratación del personal.

La denuncia de Vox alude a presuntas irregularidades en la compra de camiones en el extranjero y su posterior rematriculación en España. Sobre los contratos en la plantilla, los trabajadores se hacen eco de la falta de transparencia de los responsables de Algesa a la hora de hacer pública la relación nominal de empleados y sus sospechas de que no hay un sistema reglado en las contrataciones.

La dirección de Algesa, el pasado día 31, emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que tanto la compra de camiones como las contrataciones de la empresa de limpieza se han hecho siguiendo los requisitos legales. La empresa municipal atribuyó la denuncia de Vox a "sospechas absolutamente infundadas".

El gerente de Algesa, Manuel López, sostuvo en dicha nota que la empresa "en ningún momento ha recibido ayudas de la Unión Europea, ni para adquirir cada vehículo de manera individual, ni en conjunto para mejorar e incrementar el parque móvil". "Jamás se ha cometido irregularidad alguna en los procesos de compra de estos camiones, que es cierto que proceden de países europeos, porque fuera de nuestras fronteras se puede encontrar maquinaria de calidad y a buen precio. Todas las adquisiciones se realizan bajo el marco legal de un pliego de condiciones, en el que se hace constar en cada caso que se trata de vehículos usados, que una vez en territorio español, han de pasar obligatoriamente inspecciones documentales y ser rematriculados".

También rechazó "de plano" las insinuaciones sobre “prácticas clientelares” que Vox, "en connivencia con un sindicato y una plataforma que no sabemos bien qué intereses defiende, realiza en torno a las contrataciones de trabajadores". López señaló que "la última oposición estuvo controlada por el magistrado-juez titular del Juzgado de lo Social de Algeciras, aunque habría que preguntar a estos señores si ponen en duda la palabra y la actuación de un profesional de la judicatura".

En relación a los contratos de sustitución por vacaciones y fines de semana, "su tramitación se lleva a cabo en base a los currículum que llegan a la dirección de la empresa, todo ello dentro de la legalidad vigente en materia laboral".

"Ni qué decir tiene que la Fiscalía de Algeciras cuenta con nuestra más absoluta disposición a colaborar en todos los requerimientos que se nos hagan llegar, desde el máximo convencimiento de que en todos los procesos se ha actuado conforme a ley, por lo que esperamos que esta investigación se cierre demostrando todo lo referido en esta nota", remarcço el gerente.

Los miembros de Paladina han logrado el respaldo del Defensor del Pueblo Andaluz, que el pasado 17 de febrero declaró como “entorpecedora” la actuación del gerente de Algesa a la hora de ofrecer la información solicitada hasta en cuatro ocasiones por dicha institución.

También el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en una resolución del 15 de marzo, dio parcialmente la razón a los trabajadores en sus continuadas demandas de información.

Condena en firme

El pasado mes de enero, Manuel López aceptó una condena de conformidad por la comisión de un delito contra la propiedad industrial en grado de tentativa y el pago de una multa de 720 euros por intentar vender ropa falsificada que debería haberse destruido por Algesa.

La condena afectó también a otros dos directivos de la empresa municipal. Los tres asumieron la integridad de los hechos que se les imputaban tras la rebaja de la condena propuesta por la Fiscalía, al valorar el grado del delito como tentativa, el más bajo de los tres posibles.