El Juzgado cita a declarar a Palacios como testigo en el caso del Club Hípico Botafuegos

El ex alcalde Juan Antonio Palacios ha sido citado a declarar el 15 de junio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad en relación al caso del Club Hípico Botafuegos. El ex regidor socialista comparecerá en calidad de testigo, al igual que los dos arquitectos encargados del proyecto. Contra dicha citación cabe presentar recurso de súplica, según la providencia a la que ha tenido acceso este diario.

El contencioso fue interpuesto a raíz de que el Consistorio anulara en 2007 la licencia de obras, concedida al Club Hípico cinco años antes, al entender que se había prescindido de los procedimientos legales. El propietario de la instalación abrió la causa al oponerse a dicha medida argumentando que la Gerencia de Urbanismo había dado luz verde en julio de 2004 -siendo Palacios alcalde- a su propuesta de viabilidad urbanística. Un documento que contó con los informes favorables de la secretaria municipal, el arquitecto del Ayuntamiento y el asesor jurídico de Urbanismo. Un visto bueno que no impidió que posteriormente se anulara la licencia y fueran precintadas parte de las instalaciones por parte de la Policía Local.

Agaden interpuso una denuncia por la edificación en suelo de especial protección. El grupo ecologista se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz, que instó a la Junta a emitir un informe. La Delegación de Obras Públicas consideró, en 2005, que la licencia era irregular. Primero, porque se había expedido sin su informe previo y, segundo, porque según el PGOU el uso recreativo sobre dicha parcela sólo se autorizaba si se asentaba sobre edificaciones existentes y no sobre construcciones de nueva planta. Por ello, instaba a la revisión de la licencia.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 7 de Algeciras apreció en 2007 indicios de delito de prevaricación en la concesión de la licencia por parte del ex alcalde Patricio González al saltarse el informe de Obras Públicas. El Juzgado remitió las actuaciones al fiscal para que hiciera el escrito de acusación.

Posteriormente, el Consistorio procedió al precintado de parte de las instalaciones del club -piscina, gimnasio, pistas de pádel y vestuarios- e instó al propietario a su derribo. En caso de demorarse, se le impondrían multas coercitivas. El empresario recurrió esta sanción y el juez paralizó dicha medida -que incluía la demolición subsidiaria por parte del Ayuntamiento- hasta que no exista resolución judicial. La causa se retomará el próximo día 15 con la toma de declaraciones de Palacios y los arquitectos como testigos.