Luis Ángel Fernández, expresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, vuelve a tener la condición de investigado en las diligencias que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras tiene abiertas por la presunta venta fraudulenta de puestos de trabajo, primero en la estiba del Puerto de Algeciras y, posteriormente, en la empresa municipal Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa).

En un auto fechado el pasado día 25 al que ha tenido acceso Europa Sur, la juez Belén Barranco, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Algeciras, ha citado a declarar el próximo mes de abril a Fernández y a otras seis personas en calidad de investigadas. Entre ellas figura Inés Cortés, abogada y asesora del PP en el Ayuntamiento de Algeciras, además de dos trabajadores de Algesa y de tres intermediarios que habrían cobrado comisiones, uno de los cuales es Ángel Fernández Cortés, hijo del exconcejal y de la letrada.

Todos ellos comparecieron el pasado mes de septiembre bajo la condición de detenidos, quedando posteriormente en libertad, ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de la Policía Nacional de Algeciras por los mismos hechos. A raíz de ello y a la luz de las indagaciones policiales, la Fiscalía elevó al juzgado el correspondiente informe que ha desembocado ahora en la nueva toma de declaración a todos ellos, ahora ante el Juzgado, como investigados.

El origen

El caso toma como punto de partida la investigación abierta hace ahora tres años en torno a la presunta venta de puestos de trabajo en la estiba de Algeciras a cambio del pago de cuantiosas comisiones ilegales, un proceso que al cabo de cierto tiempo y según la Policía se hizo extensivo a Algesa, la empresa municipal de limpieza de Algeciras. Luis Ángel Fernández fue consejero delegado de la citada sociedad municipal hasta mayo de 2019, cuando su presunta implicación en el fraude le forzó a dejar sus numerosas responsabilidades a nivel político.

Fernández ya figuró como investigado en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Algeciras en los primeros compases de las diligencias, después de que su hijo Ángel, que sigue como investigado y en libertad bajo fianza, fuese detenido el 28 de diciembre de 2018. La Policía señaló a este último como una de las personas claves dedicadas a la venta de puestos en la estiba a cambio del presunto cobro de comisiones, que oscilaban entre los 15.000 y los 30.000 euros.

La detención de Ángel Fernández Cortés se produjo después de que los investigadores acumulasen multitud pruebas en su contra, tanto a través de seguimientos físicos como de pinchazos telefónicos. En dos de esas grabaciones, según pudo saber esta redacción, Fernández Cortés aseguró a su interlocutor -quien le había abonado una comisión para trabajar en el estiba- que en el caso de que no pudiera entrar como estibador en los muelles, su padre le colocaría en Algesa.

Posteriormente, tanto la juez como la Fiscalía entendieron que las pruebas recabadas hasta ese momento no vinculaban al exteniente de alcalde con hecho delictivo alguno y le levantaron la condición de investigado.

Giro en la investigación

La situación cambió a posteriori, cuando a raíz de las pesquisas policiales se encontró un nexo que aparentemente vincula el fraude de la estiba con la contratación de determinadas personas en Algesa.

La UDEV concluyó que Algesa sirvió en ocasiones como plan b para los responsables de la trama de la estiba, a modo de vaso comunicante y con Luis Ángel Fernández como supuesta pieza clave, de tal forma que algunas personas que pagaron las comisiones acabaron trabajando en la empresa de la que el Ayuntamiento es titular.

La Policía, en concreto, identificó como pagadores de presuntas comisiones ilegales a los dos trabajadores de Algesa citados a declarar por la juez Barranco como investigados. Los currículos de ambos fueron hallados en el registro policial de la casa de Ángel Fernández, quien presuntamente se habría valido de la posición de su padre para que fueran contratados en la empresa municipal. Según los investigadores, los puestos de trabajo que ocuparon ambas personas fueron creados ad hoc, en concreto, en los puntos limpios de los que Algesa dispone para la recogida selectiva de residuos.

Los agentes atribuyen a Inés Cortés, a priori, un papel ajeno al presunto fraude. Sobre ella recae la investigación por un supuesto delito de coacciones por haber tratado de intimidar a varias personas que, tras pagar las comisiones, han colaborado con la Policía en el esclarecimiento de los hechos en calidad de víctimas. Cortés, en concreto, les habría dicho que emprendería acciones judiciales contra ellas como cooperadoras necesarias en la estafa atribuida a su hijo.

Inés Cortés, al igual que su exmarido, tuvo también la condición de investigada judicialmente en los inicios del procedimiento, aunque posteriormente la juez instructora, con el acuerdo de la Fiscalía de Algeciras, exoneró a ambos de responsabilidad en el caso  al entender que tan solo pretendieron ayudar a su hijo por el monumental enjambre en el que se hallaba tras ser amenazado de muerte por algunos de los que le habían confiado su dinero.