La Policía Nacional bautizó en 2017 como Operación Gancho sus investigaciones sobre el pago de comisiones ilegales, de entre 15.000 y 30.000 euros, a veces más, para la obtención de puestos de trabajo en la estiba del Puerto de Algeciras. El nombre derivaba del papel jugado por los intermediarios que actuaban entre quienes abonaban las mordidas y quienes tenían la capacidad de decidir los nombres de las personas que podían entrar a trabajar en los muelles. La investigaciones, al menos provisionalmente, se han dado por concluidas y están en manos de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras.

Fueron decenas de individuos, puede que centenares, los que hicieron esa apuesta, confiando en la palabra dada por los ganchos. Y pagaron. No en vano y vistos los sueldos en la estiba, superiores de largo a los 100.000 euros año, se trataba de una inversión con un retorno aparentemente fácil.

Todo iba relativamente bien hasta que a los promotores del fraude se les fue el negocio de las manos: su habilidad para recaudar dinero a espuertas no coincidía con su capacidad para lograr que sus clientes lograsen el empleo prometido: sus contactos no tenían una capacidad ilimitada para decidir las contrataciones y en el puerto, además, no había sitio para acoger un volumen semejante de obra sobrevenida.

Poco a poco, el fraude tomó forma de estafa piramidal, de tal manera que la captación de nuevos candidatos a estibador y de más dinero servía para ir devolviendo las cantidades pagadas a quienes habían ido dejando en la estacada. Era un juego muy peligroso porque entre quienes habían abonado las comisiones, siempre según los informes policiales, había individuos vinculados a algunos clanes del narcotráfico, deseosos de tener a personas de su confianza en unos muelles por donde cada año pasan más de cien millones de toneladas de mercancías procedentes de todo el mundo. La tentación de camuflar droga para tratar de introducirla en Europa está a la orden del día.

El rastro del dinero entregado en las comisiones se perdía con frecuencia sin posibilidad de devolución, con lo que los intermediarios sufrían las consecuencias, ya fuera en forma de amenazas o incluso de alguna paliza que la Policía Nacional ha constatado.

Uno de esos intermediarios era Ángel Fernández, detenido el 28 de diciembre de 2018 y que permanece en libertad bajo fianza, investigado por los delitos de corrupción entre particulares y estafa. En el registro de su domicilio, la Policía Nacional se encontró con medio centenar de currículums de personas por las que habría mediado para colocar en la estiba y numerosos teléfonos móviles, algunos de los cuales estaban pinchados desde tiempo atrás por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV).

Fernández es hijo de Luis Ángel Fernández, quien en el momento de la detención era una de las personas con más poder e influencia en el Campo de Gibraltar como presidente de la Mancomunidad de Municipios y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras. Anteriormente había sido diputado en el Congreso y diputado provincial. En el momento de la detención de su hijo también era consejero delegado de Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa), la empresa municipal dedicada a la recogida de basuras y limpieza de la ciudad.

Algesa, el plan b

La UDEV considera que Algesa sirvió en ocasiones como plan b para los responsables de la trama de la estiba, a modo de vaso comunicante y con Luis Ángel Fernández como supuesta pieza clave, de tal forma que algunas personas que pagaron las comisiones acabaron trabajando en la empresa de la que el Ayuntamiento es titular. La Policía, en concreto, ha identificado a dos trabajadores de Algesa cuyos currículos halló en el registro de la casa de Ángel Fernández, quien presuntamente se habría valido de la posición de su padre para que fueran contratados en la empresa municipal. De hecho, hay conversaciones telefónicas grabadas en las que Ángel Fernández afirma a su interlocutor que su padre tiene en su mano contratarle en Algesa.

Según los investigadores, los puestos de trabajo que ocuparon ambas personas -una de las cuales sigue trabajando en la empresa de limpieza- fueron creados ad hoc para ambos, en concreto, en los puntos limpios de los que Algesa dispone para la recogida selectiva de residuos.

A comienzos de septiembre pasado y como adelantó Europa Sur, Luis Ángel Fernández declaró ante la Policía Nacional en calidad de detenido e investigado junto a otras seis personas por estos hechos. Dos de ellas son los trabajadores citados, otra es su hijo y otras dos son ganchos que también habrían cobrado comisiones bajo la promesa de dar empleos en los muelles.

La séptima persona detenida fue Inés Cortés, abogada, asesora municipal del grupo del PP en el Ayuntamiento algecireño y madre de Ángel Fernández. Los agentes le atribuyen un delito de coacciones por haber tratado de intimidar a varias personas que, tras pagar las mordidas, están colaborando con la Policía en el esclarecimiento de los hechos en calidad de víctimas. Cortés, en concreto, les habría dicho que emprendería acciones judiciales contra ellas como cooperadoras necesarias en la estafa atribuida a su hijo.

Tanto Luis Ángel Fernández como Inés Cortés tuvieron inicialmente la condición de investigados judicialmente, aunque posteriormente la juez instructora, Belén Barranco, les exoneró de responsabilidad en el caso, con el acuerdo de la Fiscalía de Algeciras, al entender que ambos tan solo pretendieron ayudar a su hijo del monumental enjambre en el que se hallaba tras ser amenazado de muerte por algunos de quienes le habían confiado su dinero.

Las recientes detenciones del ex concejal y de la abogada les pone de nuevo bajo el foco. Sin embargo, deberá ser de nuevo el juzgado quien decida si, a la luz de las nuevas indagaciones policiales, vuelven a incorporarse a las diligencias como investigados judicialmente.