La jueza Alaya se interesa por el informe económico de Body Factory

La jueza Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y encargada de la denominada Operación Enredadera, tomó ayer declaración a los técnicos del Ayuntamiento de Algeciras José Alberola Visiedo, arquitecto municipal, y Javier Malla Calvente, coordinador de los Servicios del Patronato Municipal de Deportes, en el marco de la investigación que sigue sobre el supuesto pago de comisiones en el procedimiento de adjudicación del complejo Body Factory. La magistrada se interesó por el informe económico en el que se sustentó la concesión de la construcción y gestión de las instalaciones a la empresa Fitonovo.

Alberola y Malla ya habían prestado declaración en Sevilla ante la Guardia Civil y ayer comparecieron en la capital andaluza ante Alaya, en calidad de imputados. Fueron declaraciones que no se prolongaron por mucho tiempo y en el caso de la de Malla, por ejemplo, duró unos 15 minutos, según explicaron fuentes judiciales. La jueza preguntó a los técnicos municipales por la valoración económica de la oferta presentada por Fitonovo y el informe resultante que formó parte de la adjudicación a esta empresa.

Con las de ayer ya son tres los técnicos del Ayuntamiento que han prestado declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Alaya.

El otro es el ingeniero José Álvarez Ruiz. Las preguntas de la magistrada se centraron en este caso en un antiguo director de una empresa de aguas de Algeciras, tras lo cual pasó a cuestionar sobre la cantidad de 284.000 euros supuestamente pagada por los dirigentes de Fitonovo a responsables municipales para hacerse con la adjudicación del proyecto de Body Factory. Después de las preguntas, la juez decidió su puesta en libertad con cargos.

Hay un cuarto técnico del Ayuntamiento algecireño que se encuentra también imputado, el ingeniero Manuel Rodríguez Rubio. Fuentes municipales indicaron a este diario que este funcionario no tiene constancia de su imputación.

Como es conocido, Alaya también ha imputado a los exalcaldes socialistas de la ciudad Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull, que el pasado sábado anunció su dimisión como concejal de la corporación, de la que se dará cuenta en pleno municipal fijado ayer para este viernes.

Sánchez Rull expuso el sábado que fue llamado por la Guardia Civil para comparecer como imputado por la adjudicación del polideportivo de El Calvario. "Pedí entonces comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que dirige la juez Alaya y lo hice el miércoles por la tarde para conocer los cargos que había contra mi persona. Me dijeron que no podían comunicarme los cargos que se me imputan porque estaba decretado el secreto del sumario; me acogí a mi derecho constitucional a no declarar y pedí comparecer voluntariamente cuando se levantara el mismo", reseñó.

Sánchez Rull precisó que, según le comunicó la Guardia Civil, se investiga si se "tergiversaron los resultados de los informes que se presentaron ante la mesa de contratación" que él mismo presidía y que se reunió el 26 de mayo de 2010 en la que se decidió que la propuesta de Body Factory era la más beneficiosa.