Las viviendas protegidas garantizan el derecho a una vivienda digna para miles de familias y personas que no pueden acceder a las de renta libre. Sin embargo, hay quienes tampoco pueden aspirar a una protección oficial. Es el caso de una buena amiga a la que, tras la renuncia de su anterior adjudicatario, le ha tocado una vivienda promovida por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea (Emusvil) en el suelo que antes ocupaba Villa Juliana. La noticia le llenó de alegría al principio pero cuando comenzó a hacer cálculos se vino abajo. Para un piso protegido de dos habitaciones debe desembolsar 38.000 euros en dos años. Luego se le queda una hipoteca que ronda los 700 euros mensuales, cuota que no es fija y que por tanto puede subir. Para muchos jóvenes y familias monoparentales resulta una utopía hacerse con una de estas casas con estas condiciones . De hecho, mi amiga no puede pagarla y va a renunciar a ella.