FRENTE a la apelación insistente del respeto a la democracia por parte de nacionalistas, soberanistas e independentistas en Cataluña, creemos que empieza a ser también el momento de que el resto de los españoles y, entre ellos, los andaluces, reivindiquemos también el día después la libertad y el derecho a decidir igualmente nuestro propio destino.

Habría que puntualizar primero que este derecho no tiene encaje constitucional si va dirigido, unilateralmente, a la ruptura de la unidad territorial o a la sustitución de la soberanía del pueblo español por una fórmula confederal o a la carta, donde Cataluña sea un ente soberano en régimen de igualdad con el Estado español. El derecho a decidir es una falacia constitucional, sin base alguna para que se pueda exigir jurídicamente. Sin embargo, tiene una evidente dimensión política que no se puede ni se debe eludir. En sustancia es la expresión de una voluntad, por el momento no mayoritaria, de quienes demandan la libertad para abandonar el Estado del que ahora forman parte. Aunque frente a estos catalanes partidarios de una independencia total y absoluta, hay catalanes que prefieren una soberanía propia pero todavía dentro del Estado español, y también los que aceptarían un modelo federal con reconocimiento de una "singularidad" y el aumento de la autonomía.

La victoria parlamentaria de las fuerzas soberanistas obligará inexcusablemente a tomar decisiones. Deberá imperar la cordura y la moderación entre instituciones y partidos. Pero en esta nueva etapa, nuestro sistema político no debería construirse con el otorgamiento a Cataluña de un status político singular y diferente del resto de comunidades. Posiblemente esto se podría haber hecho recién aprobada la Constitución de 1978, pero se nos antoja imposible cuando otras "nacionalidades" tienen igual derecho a que se les reconozca también su condición de "nación", con singularidades de igual entidad que tiene hoy Cataluña. Basta pensar, por ejemplo, en la insularidad periférica de Canarias, la lengua propia o el Derecho Civil foral propio de no pocas comunidades (Navarra, Baleares, Valencia, Galicia, etcétera); y por supuesto, la "singularidad política" -y todavía, por desgracia, en cierto modo económica- de Andalucía, el único lugar donde se celebró un referéndum para decidir el nivel de autogobierno territorial.

En este punto de la secuencia futura que nos depara el proceso secesionista de Cataluña (proces) habrá que darle la palabra al conjunto de los ciudadanos españoles. Para que podamos pronunciarnos por los proyectos que ya nos están anunciando. Como el que propone resolver el problema con el reconocimiento en la Constitución de la "singularidad" de Cataluña, otorgándole quizás unos "derechos históricos" que en el fondo no serían sino el reconocimiento de un nuevo privilegio económico y fiscal, diferente y exclusivo, con el que se romperían dos de los principios constitucionales fundamentales que, hasta ahora, han sido el principal factor de cohesión en una España plural: la igualdad y la solidaridad.

La vigente Constitución nos otorga el derecho a decidir a todos los españoles, para evitar una solución de compromiso o pactada sólo entre partidos a un problema que condicionará la existencia como país de las siguientes generaciones. La decisión sobre otorgar a Cataluña un diferente status político y económico, soberano incluso, sólo puede adoptarse mediante un referéndum constitucional. Y los resultados tendrían que aceptarse por la misma regla de la mayoría que hoy preconizan los soberanistas e independentistas catalanes.

En todo caso, nos parece irresponsable o irreal proponer una emancipación política que nunca podrá llevar, por mucho que se empeñen los demagogos de lo identitario, a una de Cataluña separada del resto de España; porque le unen a ésta demasiados lazos, culturales y personales que impiden suponer que el día después comencemos a ser sociedades verdaderamente independientes y distintas.