El ministerio fiscal ha emitido un informe con fecha de 19 de febrero en el que califica la designación del castillo y cerro de Santa Catalina a la empresa Centro Tarifa Santa Catalina de "caso flagrante de una adjudicación administrativa llevada a cabo sin ningún tipo de sometimiento a la legalidad, de forma arbitraria y, por supuesto, delictiva".

El juzgado de instrucción número uno de Algeciras ha incoado diligencias previas contra el alcalde de Tarifa, varios ediles y técnicos municipales por unos supuestos delitos de prevaricación, falsificación documental, delito contra el patrimonio histórico, sobre la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio Ambiente. Fue admitida a trámite por este juzgado en mayo del año 2006 tras prosperar la denuncia efectuada por el Partido Popular, que viene cuestionando desde el inicio del expediente la adjudicación del castillo y cerro de Santa Catalina declarado en la actualidad Bien de Interés Cultural.

El portavoz municipal del PP tarifeño, Juan Andrés Gil, exigió la dimisión del alcalde y de todos los ediles imputados en el caso Santa Catalina, a los que llamó "delincuentes flagrantes". Lo hizo en alusión a lo dictaminado en el último informe emitido por el ministerio fiscal por el que la jueza María Cristina Pedrajas ha dictado una providencia que dicta al Consistorio a remitir al juzgado los informes elaborados por los técnicos municipales considerando la propuesta de Centro Tarifa Santa Catalina como la mejor opción presentada. También rechaza el alzamiento de la medida cautelar de paralización de obras solicitada por la empresa y fija para el próximo día 11 de marzo la declaración testifical del concejal del PP José María González.

El PP subrayó la claridad y dureza del ministerio fiscal en su último informe "que no deja duda de que tanto el alcalde como los concejales imputados regalaron el castillo de Santa Catalina. El informe del fiscal jefe (Juan Cisneros) es lo suficientemente contundente para que se inicie el auto de procesamiento contra estos delincuentes flagrantes".

Gil matizó que es este nuevo informe la causa real de la decisión adoptada por Manella de no volverse a presentar a las elecciones. "No es que no quiera presentarse a los comicios, es que no puede presentarse ya que corre el riesgo de verse inhabilitado".

El fiscal argumenta en su informe su posición al levantamiento del precinto judicial de paralización de obras, y añade que "estamos ante un caso flagrante de una adjudicación administrativa llevada a cabo sin ningún tipo de sometimiento a la legalidad, de forma arbitraria y, por supuesto, delictiva". También asegura que hasta la "la adjudicación efectuada a favor de Centro Tarifa Santa Catalina es evidente y flagrante irregular. Son tantas las ilegalidades cometidas en el procedimiento que, a estas alturas, ya sólo cabe calificar las mismas, puesto que su existencia es de imposible negación".

El ministerio público solicita a la jueza el requerimiento al Consistorio de los "supuestos informes técnicos que defenderían la propuesta que posteriormente fue elegida" y que condicionaron el sentido de los votos de los ediles durante una sesión plenaria posterior a la celebración de la mesa de contratación donde se adjudicó el proyecto.