El juicio por el presunto abuso sexual que sufrió la concursante de Gran Hermano Carlota Prado en 2017 por parte de otro compañero comienza este jueves sin que la joven sea acusación particular, ya que renunció a esta posibilidad, de manera que la única acusación la ejerce la Fiscalía.

El juicio tendrá lugar el 3 y el 8 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid y en el banquillo se sentará José María López por un presunto delito de abuso sexual por el que la Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales.

La Fiscalía pide que la productora del programa, Zeppelin, indemnice con esa misma cantidad a la víctima por el daño que le originó que le exhibiesen "a posteriori" las imágenes del presunto abuso ocurrido en Gran Hermano Revolution en 2017, en la casa de Guadalix de la Sierra desde la que se desarrollaba el programa de Telecinco. El formato quedó afectado por este suceso.

El juicio estaba fijado para el pasado 8 de febrero pero fue suspendido porque el abogado de Carlota Prado alegó al empezar la vista que la joven, que no acudió a la vista, sufre problemas psiquiátricos graves por los que llegó a estar ingresada en un centro en diciembre de 2021, de forma involuntaria.

La jueza consideró necesario el testimonio de la víctima y ordenó que Carlota fuera valorada por un médico forense y, tras recibir el informe de los juzgados que la consideraba apta para declarar, fijó la nueva fecha del juicio.

Recientemente el letrado que defendía a la joven decidió dejar de representarla y, cuando el juzgado comunicó a Carlota Prado que para ejercer la acusación debía designar a otro letrado, ella decidió renunciar a esta posibilidad.  Se tenía previsto presentar un incidente de nulidad porque se trata de abusos sexuales con penetración, como demuestran las imágenes grabadas, que deben juzgarse en la Audiencia Provincial.

Fuentes jurídicas corroboraron a la agencia Efe que la joven está citada a declarar hoy como testigo-perjudicada.

La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que el programa emitía durante 24 horas la convivencia de los participantes en la casa de Guadalix de la Sierra conforme a un reglamento "del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora".

Añade que los hechos comenzaron a las ocho de la tarde del 3 de noviembre de 2017 en una fiesta en la casa para la que "el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas", de manera que la joven acabó en estado de embriaguez y el procesado abusó de ella bajo un edredón, mientras la concursante estaba semiinsconsciente y decía "no puedo". Luego parecía inconsciente.

Las imágenes grabadas fueron exhibidas a la joven en la mañana siguiente, empeorando su estado, según la Fiscalía.