Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Tarifa a revisar las licencias del complejo turístico de lujo de Las Piñas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras ha condenado al Ayuntamiento de Tarifa a tramitar la revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el Proyecto Urbanístico de Las Piñas, que contempla un hotel de cinco estrellas sobre suelos no urbanizables conforme al PGOU de Tarifa (de 1990), así como las licencias municipales de actividad y de obras concedidas a la entidad Desarrollos e Inversiones Tarifa SL.

El fallo judicial responde al recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la decisión del Pleno municipal de 28 de marzo de 2023, que inadmitió la solicitud de revisión del acuerdo aprobado un año antes, el 29 de marzo de 2022. El juzgado entiende que el Consistorio actuó incorrectamente al inadmitir la solicitud de revisión de oficio.

Tras la negativa municipal, los ecologistas pidieron amparo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que en abril de 2024 emitió una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a tramitar la revisión de oficio de las licencias. Los promotores recurrieron este fallo judicial argumentando que no estuvieron representados como codemandados. En octubre de 2024, el mismo Juzgado de lo Contencioso determinó que se volvería a celebrar el proceso judicial para dirimir si el Ayuntamiento de Tarifa tenía que anular o no las licencias de obras y actividad al retrotraer las actuaciones al punto inicial del procedimiento. La sentencia, con fecha de 16 de septiembre de 2025 y contra la que cabe recurso, condena al Ayuntamiento a tramitar la revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el proyecto y las licencias municipales.

Según los ecologistas, el proyecto carece de encaje legal y “supone una amenaza directa al modelo de ordenación territorial sostenible que Tarifa necesita”. La promotora Desarrollos e Inversiones Tarifa SL plantea en ese enclave la construcción de un complejo rural de lujo de baja densidad, con un edificio de restauración (cafetería, restaurante, terrazas, salón social y sala de juegos), un spa, un edificio de mantenimiento y 22 bungalós de dos plantas y 150 m² cada uno, además de las infraestructuras viarias y de servicios asociados.

El proyecto de Las Piñas permanece bloqueado desde 2016, cuando la empresa inició los primeros trámites en el Ayuntamiento. Pese a la oposición inicial de colectivos ecologistas, superó los procedimientos urbanísticos municipales y autonómicos hasta lograr las licencias de actividad y de obras en 2022.

Ecologistas en Acción celebra el fallo y lo considera “un paso más en la demostración de que las licencias y el proyecto de actuación urbanística de Las Piñas son nulos de pleno derecho”.

“Esta resolución pone freno al modelo urbanístico especulativo que el Ayuntamiento de Tarifa ha impulsado en los últimos años, con proyectos que degradan el paisaje y los recursos hídricos, y que nada tienen que ver con las necesidades reales de vivienda”, han señalado en un comunicado.

El colectivo insiste en que Tarifa “sufre una saturación extrema por el turismo de masas”, con problemas de tráfico, abastecimiento de agua y encarecimiento de la vivienda. “Tarifa necesita más viviendas sociales y menos proyectos de lujo”, subrayan los ecologistas, al tiempo que reclaman al equipo de gobierno municipal, formado por Partido Popular y Nuevos Aires, un “cambio de rumbo de 180 grados en la política urbanística”.

Ecologistas en Acción también advierte de que continuará utilizando “todas las vías legales y sociales para detener los proyectos especulativos que amenazan el territorio, el agua y la calidad de vida de la población”.

La promotora Desarrollos e Inversiones Tarifa SL ya anunció en octubre de 2024, cuando se retomó el procedimiento judicial que emprendería acciones legales contra los colectivos ecologistas “por uso abusivo del Derecho”, mediante una reclamación patrimonial por los perjuicios económicos sufridos.

La empresa considera “inadmisible” la “persecución” de un proyecto que defiende como “plenamente legal”, argumentando que la prevalencia del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar sobre el PGOU de Tarifa avala la legalidad de la implantación del establecimiento hotelero.

La promotora sostiene su posición en “cinco informes jurídicos de prestigiosos despachos andaluces especializados en Derecho Administrativo y Urbanístico”, entre ellos Pérez Moreno Abogados, Zurbarán Abogados, Mingorance Business Lawyers, SDP Estudio Legal y Cuatrecasas.