El incierto destino de una montaña de 40.000 toneladas del alga invasora en Tarifa

Una montaña de más de 40.000 toneladas de algas retiradas de las playas de Tarifa se levanta junto a la estación depuradora de aguas residuales de la ciudad. No deberían estar ahí, ya que el Gobierno de España las considera residuos sólidos urbanos y, por tanto, deben almacenarse en una instalación autorizada para quemarlas y enterrarlas. Pero si el Ayuntamiento tarifeño se encargara de trasladarlas al vertedero comarcal de Los Barrios sería la ruina económica para el municipio. Cargarlas y transportarlas para su tratamiento costaría entre cuatro y cinco millones de euros, un gasto inasumible para las arcas municipales frente a una crisis medioambiental comparable a la del Prestige.

La enorme montaña artificial generada a base de acumular kilos y kilos de la Rugulopterix okamurae, la especie invasora que llegó a la comarca hace ya casi diez años, es la imagen de una seria amenaza para el ecosistema del Estrecho, pero también para la estabilidad económica de los municipios, que se han quedado solos frente a su gestión. Así lo denuncia Jorge Benítez, primer teniente alcalde Tarifa, que reclama una ayuda de las administraciones que no llega. El Gobierno y la Junta, hasta el momento, "han dejado la pelota en manos de los ayuntamientos en una huida hacia detrás que no es la solución", subraya.

"Si las lleváramos a un vertedero, arruinaríamos al Ayuntamiento en dos o tres años, volveríamos a estar en una situación que no quiero ni recordar"

La montaña está allí, aumentando de tamaño, desde 2019. En algún momento en estos años, el Ayuntamiento tarifeño ha podido trasladar al vertedero alguna cantidad, pero ya ha llegado un momento en el que ha tenido que plantarse. Sin ayuda, es imposible. Las administraciones, de momento, no toman cartas en el asunto. Ni siquiera en un problema añadido: la retirada de las algas está suponiendo una pérdida de arena en algunas partes del litoral frente al que todos miran hacia otro lado.

Las algas acumuladas en Tarifa, por mucho que 40.000 toneladas sea una barbaridad, son sólo la punta del iceberg. En la multitud de calas que existen entre el litoral de Algeciras y el de Tarifa se calcula que superan las 100.000. Esas, nadie las retira siquiera. El coste sería enorme. Se quedan ahí, donde más daño hacen, a pie de costa.

Comercialización

El problema no tendría por qué suponer un gasto para los ayuntamientos, ni para la Junta ni para el Gobierno. Hay empresas que retirarían los arribazones de forma gratuita a cambio de poder darles un uso comercial. Pero, por ahora, el Ministerio de Transición Ecológica no lo autoriza, como sí hace con otras especies, invasoras o no, caso del cangrejo rojo en el Guadalquivir, la trucha arcoiris en Galicia o elvisón americano en Castilla y León y el País Vasco, entre otros. Los únicos recursos que se destinan al alga parda son para la investigación, casi siempre a través de las universidades. Algunos de estos proyectos, completamente desarrollados y de probada efectividad, se han quedado en el camino cuando están listos para pasar a su comercialización. En el momento en el que hay que conseguir una autorización administrativa para poder hacerlo realidad, se deniega.

Y eso que la legislación brinda la posibilidad de incluir excepciones a las prohibiciones establecidas para las especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, por el artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como el artículo 64.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y el artículo 7 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, donde se lee que "la comercialización de especies incluidas en dicho catálogo con fines de control o erradicación se podrán autorizar en el marco de estrategias, planes y campañas que se aprueben a tal efecto".

En este contexto, el Ayuntamiento de Tarifa va a escuchar este lunes 20 de enero la propuesta de una empresa de Valencia que tiene un proyecto para transformarlas en fertilizantes y electricidad, una alternativa sostenible al tratamiento tradicional en el vertedero. Es uno de los muchos que hay. En esta ocasión, la vía para sacarlo adelante podría ser la propia consideración de residuo sólido urbano de los arribazones. La montaña junto a la depuradora.

Jorge Benítez recuerda que Tarifa tiene "más de 30 kilómetros de playa de un litoral mucho más grande" pero un municipio de "menos de 20.000 habitantes muy limitado en recursos para llevar a cabo una gestión optima". Cada año, el Ayuntamiento de Tarifa activa más de 100 socorristas, además de motos acuáticas, embarcaciones, torres de vigilancia, vehículos adaptados para gestionar la seguridad en las playas, donde invierte cerca de tres millones de euros de los 25 que ronda el Presupuesto municipal. "El servicio no es optimo a pesar de que nos gastamos ese dinero, porque necesitaríamos el doble de plantilla. Es un grave problema".

Para dimensionar el problema del alga, Jorge Benítez explica que en sólo en dos semanas del mes de agosto, el Ayuntamiento retiró 10.000 toneladas. El coste de tratamiento y retirada al vertedero supone casi un millón de euros. "¿Qué hacemos? gestionar mal la situación porque no tenemos recursos y depositarlas en una zona con la excusa de que se está secando, pero es mentira, están acumulándose. Si las lleváramos a un vertedero, arruinaríamos al Ayuntamiento en dos o tres años, volveríamos a estar en una situación que no quiero ni recordar".

Benítez recuerda que el alga invasora cubre casi el 99% de los fondos marinos, asfixiando especies autóctonas del Estrecho de Gibraltar y poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema marino. A pesar de los esfuerzos por revertir esta situación, ni los estudios de la Sección de Educación Permanente (Seper) y la Asociación Algas del Estrecho ni los miles de euros invertidos en investigaciones han logrado frenar su avance. Esta plaga del siglo XXI sigue extendiéndose, y cada año, el Ayuntamiento de Tarifa -como es el caso de Algeciras, La Línea o San Roque- se ve obligado a inversiones de miles de euros anuales en la limpieza de la playas, que no logran escapar del impacto de esta invasión.

El teniente de alcalde recuerda que el reparto de fondos de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) y la Participación de los Impuestos de la Comunidad Autónoma (Patrica) se realiza en virtud del número de habitantes. Da igual a lo que vaya destinado ese dinero, por lo que a su juicio está "descompensado" desde el momento en el que, por ejemplo, no tiene en cuenta la población flotante. Más de 600.000 personas, según un estudio de la Universidad de Cádiz, visitan Tarifa cada año como turistas. "Eso significa que en realidad tenemos 60.000 habitantes al mes, pero nuestros recursos son las de un pueblo de menos de 20.000". "Para una buena gestión del litoral tenemos que ser consecuentes con las características reales y la idisoncrasia del municipio en cuestión y que se nos dote de recursos de la forma más equilibrada, proprocional y justa".

Óscar Curtido, responsable de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, consideró hace días en unas jornadas sobre gestión del litoral organizadas por la Universidad de Cádiz que la clave está en poder "valorizar el alga". "Tenemos que darle una solución definitiva. Dentro la política de economía circular en la que está centrada la Junta de Andalucía estamos para darle una segunda vida a todos los residuos que se generan y aquí nos encontramos con un reto para que la Administración General del Estado (AGE) facilite la condición de las algas como residuo para poder valorizarlas".

"Es fundamental conseguirlo, porque si no a los ayuntamientos no les queda más remedio que acumularlas y esa es una situación anómala. Hay que darle la vuelta al problema. Hay numerosas empresas que estarían dispuestas a recoger de manera gratuita el alga para su tratamiento. Hace falta que luego se pueda valorizar para convertirla en distintos productos, desde envases para hortalizas hasta suelas de zapato", concluyó.