El Ayuntamiento de Tarifa y sus distintas sedes

Tarifa pasó en 1592 de villa de señorío a la jurisdicción real, constituyendo su Ayuntamiento presidido por un corregidor, representante de la Corona y primera autoridad local civil y militar. Tras unos años reuniéndose en el pósito municipal, se instaló en una casa de la calle Privilegios hasta 1852. La Casa Consistorial tuvo luego dos sedes provisionales antes de que en 1884 se ubicara definitivamente en la plaza de Santa María.

La Casa Consistorial en calle Privilegios

En sus primeros años, los regidores se reunieron de manera algo precaria en una sala del primitivo pósito o almacén de granos, sito en la plaza de Santa María. Pronto se trasladaron a la casa nº 1 de la calle Privilegios, frente a la iglesia, esquina con la calzada de San Mateo, reservando una parte para vivienda del corregidor.

Estaba en mal estado de conservación, y los arreglos ocasionales no solucionaban su grave deterioro estructural. Tras los daños causados por el devastador terremoto de Lisboa de 1755, sus condiciones fueron tornándose indignas para albergar la sede municipal. A pesar de todo, permaneció en el mismo sitio durante un siglo más.

El Ayuntamiento ya se planteó el cambio de domicilio en octubre de 1840, cuando estuvo a punto de desplomarse el techo con las primeras lluvias. En los años siguientes debatió sobre la posible venta e instalarse en el reconstruido y amplio pósito de cereales. Sin embargo, la mudanza no llegó a realizarse por no disponer de fondos suficientes.

A comienzos de 1850 se presentó el problema con más urgencia si cabe “por la ruina que amenaza” el edificio. Se estudió su derribo y reconstrucción, añadiendo la casa contigua en la calzada de San Mateo. También se trató sobre el inmediato traslado al nº 2 de la plaza de los Perdones ‒actual plaza de Oviedo‒. De momento, ninguna de estas ideas dio resultado.

Luego se pensó en comprar el llamado Hospitalito, actual nº 24 de la calle Sancho el Bravo, antiguo pequeño hospital fundado por Juan Jiménez Serrano a mediados del siglo XVI. Era un edificio espacioso y estaba en un relativo buen estado de conservación. Sus múltiples salas reunían las condiciones adecuadas para acoger las dependencias municipales. No obstante, tampoco se materializó esta tercera opción.

Sedes en la plaza de los Perdones y en la calle Jerez

Pese a que la mudanza se juzgaba inaplazable, los regidores parecían no saber qué hacer. Hasta que en abril de 1852 tuvo que abandonarse a toda prisa la vieja y ruinosa Casa Consistorial de la calle Privilegios.

Se ocupó el número 2 de la plaza de los Perdones ‒ahora es el nº 3‒, esa mansión con gran patio que ocupa todo el flanco norte. Pertenecía a Hacienda por resultas de la desamortización de bienes eclesiásticos.

Tenía espacio suficiente, si bien con el inconveniente de haber de compartirse con algunas viviendas particulares alquiladas. Al cabo de un año, aquellos molestos vecinos fueron desahuciados por sus repetidos escándalos y la mucha suciedad que generaban.

Aunque se valoró comprar este inmueble para la definitiva sede capitular, no se llegaría a verificar por una cosa o por otra. El hecho es que, a pesar de los continuos gastos en su mantenimiento, este edificio arrastraba un deterioro inexorable, “siendo indecoroso que el Ayuntamiento continúe ocupando la actual casa capitular”.

Finalmente, en febrero de 1862, la Corporación decidió trasladarse a la vivienda en la calle Jerez, actual nº 18, esquina con General Vives, propiedad de Carlos Núñez Lardizábal, quien casualmente era el alcalde. Esta amplísima casona parecía ofrecer mejores condiciones; además, se alquiló por un precio moderado.

De todas formas, no se renunciaba a disponer de una Casa Consistorial en propiedad. Una real orden de 2 de febrero de 1863 decretaba que la recién abandonada casa de la plaza de los Perdones debía registrarse como finca de Propios para su ulterior subasta pública. Con el importe de su eventual venta se pensaba construir un nuevo edificio en el solar de la calle Privilegios, añadiendo la vivienda contigua de la calzada de San Mateo. Sin embargo, el arquitecto provincial rechazó este plan por la irregularidad de este terreno y la insuficiente superficie.

A continuación, se resolvió volver a ocupar la dicha casa nº 2 de la plaza de los Perdones, cuyos cuartos particulares podrían obtenerse por expropiación justificándolo en su utilidad pública. No habiéndose recibido todavía en 1867 el plano y el presupuesto solicitados, tampoco terminó de concretarse esta pretensión.

En esas, se vislumbró un proyecto distinto, consistente en construir en el solar de las dos casas que hacían esquina entre la calle Privilegios y la calle Barrio del Moral, actual Padre Félix. Mediante expropiación forzosa, podrían comprarse por un precio asequible, estando una en ruinas y la otra en bastante mal estado. Pero este anhelo tardó muy poco en desvanecerse, ya que dichas fincas fueron entonces puestas en pública subasta. Su comprador no fue otro que la sociedad Liceo Tarifeño, que levantó aquí su emblemático centro cultural y lúdico en la década de 1870.

No habiéndose descartado la compra de la casona en la plaza de los Perdones, el gobernador civil provincial requirió en enero de 1870 un informe sobre su estado de conservación y situación legal. Resultó que había sido desamortizada y exceptuada de la venta en subasta, reservándola precisamente “para edificar una casa capitular”, de acuerdo con la citada real orden de 1863. Hacienda intentó venderla en 1873, a lo que se opuso el Consistorio aduciendo sus derechos. Y todavía en 1880 se estaba tratando sobre la posibilidad de ocuparla para Casa Capitular, o al menos que el Estado la cediera al municipio.

Mientras tanto, la casa de la calle Jerez había quedado pequeña para los cada vez más complejos servicios municipales, además de que ya en 1881 presentaba un estado bastante ruinoso. A pesar de todo, la Corporación permaneció aquí hasta 1884.

La actual Casa Consistorial

En julio de 1884 se mudó desde la calle Jerez al nº 2 de la plaza de Santa María, entre la iglesia y la llamada “casa de la Verónica”. El ingeniero civil tarifeño Francisco Terán Sotomayor, residente en Sevilla, era el propietario de esta nueva Casa Consistorial. Se la nombraba “el convento” por haber sido desde 1714 hospicio franciscano y luego convento, hasta que este fue suprimido en 1835 por una Real Orden de Exclaustración. En su recuerdo, se han conservado esas dos campanas que adornan el edificio.

Sus estancias se distribuían en planta baja, alta y azotea. En los bajos estaban el zaguán, dos salas, el comedor, la cocina, un patio con dos aljibes, más otro patio interior. En la planta alta había una alcoba, dos habitaciones, un despacho, varias alhacenas y dos almacenes. Una escalera permitía subir a la azotea, en la que se encontraban un palomar y un mirador. Este último servía de estación semafórica.

El primer contrato de alquiler fue firmado el 27 de julio de 1884 por Francisco Terán y el alcalde José Mª Morales Gutiérrez, por un periodo de diez años, empezando el 1 de agosto. El precio, 95 pesetas mensuales (57 céntimos de euro al cambio). Se exceptuaba el cuarto en la azotea que venía sirviendo de vigía o estación particular mientras prestase este servicio. Seis meses antes de terminar el plazo del arriendo, las partes debían notificar si se renovaba o no el contrato; y de no hacerlo, se entendía prorrogado un año más.

Llevaron meses las reformas precisas a fin de acoger las dependencias municipales. Fueron laboriosos en particular los trabajos para adecuar el salón de sesiones, que necesitó una larga viga de hierro fabricada en talleres de Sevilla y transportada en barco desde aquel puerto. Luego, el Ayuntamiento manifestaría su satisfacción por el uso de este edificio, ya que “reúne todas las condiciones apetecidas para el objeto a que está destinado”.

Al término del primer vencimiento del contrato de alquiler, y tras dos años de prórroga automática, Francisco Terán y el alcalde accidental Ignacio Ramos Sotomayor firmaron por otros diez años, aumentándose la renta a 96 pesetas mensuales.

Entretanto, no se había desechado la idea de una Casa Consistorial en propiedad para sede definitiva que reuniese los obligados requisitos de “capacidad, decencia y conveniente situación”. Ya en la segunda década del siglo XX, los munícipes se decidieron finalmente por adquirir esta misma casa de la plaza de Santa María.

No estaba del todo claro quién era realmente su propietario en esos momentos. El ingeniero Terán Sotomayor había fallecido en 1897 soltero, sin descendencia, y los presuntos herederos no residían en Tarifa ni se tenía noticia de sus paraderos.

La única hermana que sobrevivió a Francisco Terán fue Mª Antonia, viuda de Bermejo, que falleció en 1914 también sin hijos. Mª Antonia trasmitió sus bienes en herencia a sus sobrinos Francisca y Sebastián Ramos Sotomayor, quedando estos como los propietarios legales de la vivienda en cuestión. Ninguno era vecino de Tarifa y estaban bastante ajenos y desinformados acerca de sus propiedades aquí.

El Ayuntamiento quiso contactar en 1913 con estos aún desconocidos propietarios para la posible compra, pero la operación no fructificó en aquella ocasión. Fue durante la dictadura de Primo de Rivera, entre 1928 y 1929, cuando todo se precipitó. Siendo alcalde Carlos Núñez Manso, se ejecutaron diversas e importantes mejoras urbanas: la plaza de Santa María, el colegio Miguel de Cervantes, hoy destinado a archivo y biblioteca, etc. Y un objetivo primordial de este diligente alcalde fue el dotar a la ciudad de una Casa Consistorial propia y acorde a sus necesidades presentes y futuras.

Con el propósito de tramitar la compra, el Consistorio tuvo que llevar a cabo un buen puñado de gestiones para averiguar quién era el dueño. Entonces se supo que la casa pertenecía por herencia a los dichos hermanos Francisca y Sebastián Ramos. El siguiente paso fue registrar notarialmente esta propiedad, lo que asimismo requirió de numerosas consultas judiciales y trámites burocráticos.

La compraventa se verificó en mayo de 1929 mediante escritura firmada por el alcalde accidental, Manuel Marset Llorca, y el aparejador tarifeño Antonio Cazalla Morales en representación de los dueños. El precio fue de 20.000 pesetas (120 euros); además, el Ayuntamiento quedaba libre de la deuda por el alquiler que no había pagado durante años.

Al mismo tiempo, también se adquirió la contigua “casa de la Verónica”, o sea, el entonces nº 3 de la plaza. Esta vivienda costó solo 2.000 pesetas (12 euros), ya que poco antes, en enero de 1929, había sido declarada en ruinas. Pero hasta 1946 no se edificó en este solar para añadirlo a la Casa Consistorial, acometiendo así su definitiva ampliación. Esta parte más moderna es la que queda a la izquierda entrando.

Tan importante remodelación terminó en el primer trimestre de 1948, siendo complementada con una total renovación de material de oficina, mobiliario, etc. Se colocó en la fachada el reloj de San Mateo, comprando otro para la iglesia. Todo estuvo a punto para la visita en octubre de 1948 del jefe del Estado, Francisco Franco.

En tiempos más recientes ha habido obras de cierta entidad. Así, en la década de los cincuenta se trabajó en el salón de actos, con la reconstrucción de su techumbre. Y en los años posteriores se han ejecutado otras reformas de distinta consideración.

La Casa Consistorial requiere un mantenimiento constante y su adecuación a las necesidades, como todos los edificios públicos en uso. Y a fe que siempre agradece una buena mano de pintura.