Tarifa

Adelante Andalucía reclama a la Junta el restablecimiento de un acceso público a la playa de Atlanterra

  • La intercomunidad de propietarios Jardines de Zahara instaló dos puertas metálicas correderas en una zona de dominio público

Uno de los accesos a la playa de Atlanterra, bloqueado por una valla. Uno de los accesos a la playa de Atlanterra, bloqueado por una valla.

Uno de los accesos a la playa de Atlanterra, bloqueado por una valla. / E. S.

La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía (AA) Ángela Aguilera ha preguntado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre qué medidas va a llevar a cabo en relación a una problemática que tiene lugar en la zona de Atlanterra tras la instalación, por parte de la intercomunidad de propietarios Jardines de Zahara, de dos puertas metálicas correderas en una zona de dominio público, según la diputada. Esta instalación impide acceder a la playa a cualquier persona que lo desee por las calles de esta urbanización al encontrarse vallada en vía pública.

La parlamentaria campogibraltareña ha llevado a la cámara una de las reivindicaciones de la Asociación de vecinos de Atlanterra en torno a una situación que viene prolongándose cuatro años atrás, y "en la que la Consejería no interviene a pesar de existir irregularidades en la concesión de licencia de obra por parte de Ayuntamiento de Tarifa, ya que se trata de zona de dominio público", detalla AA.

“Hemos reclamado a la Consejera medidas para restablecer la legalidad en esta zona de dominio público. El Ayuntamiento de Tarifa no puede conceder licencia de obra para una zona de estas características. Además no se aporta la autorización de la administración titular para llevar a cabo la instalación de estas vallas y así lo reconoce la propia delegación territorial de Medio Ambiente”, apunta la parlamentaria de Adelante Andalucía.

Aguilera ha señalado que “desde Adelante Andalucía nos mantendremos vigilantes, ya que, aunque la consejera ha trasladado su compromiso por restituir los 5 metros de la zona de servidumbre, cualquier limitación de acceso o privatización de nuestras playas nos parece una aberración porque es un derecho de todas y todos, y más cuando se trata de un proceso basado en irregularidades que afecta además a cuestiones medioambientales”.

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