patrimonio histórico del campo de gibraltar

Lugares de Memoria Democrática en Albacerrado (Tarifa)

  • A la luz de sus antecedentes históricos, la legalidad y la potencial explotación cultural y turística, los fortines de la D6 deben estar a buen recaudo

Fortines 377 a y b en la garganta alta de Albacerrado, entre chamizos y corrales. Fortines 377 a y b en la garganta alta de Albacerrado, entre chamizos y corrales.

Fortines 377 a y b en la garganta alta de Albacerrado, entre chamizos y corrales. / Ángel Sáez

Las costas campogibraltareñas se vieron plagadas de fortines de hormigón, los popularmente conocidos como nidos o búnqueres, entre el final de la guerra civil y el de la Segunda Guerra Mundial. La investigación más solvente sobre este asunto maneja documentación con las órdenes del Generalísimo a Queipo de Llano para establecer un dispositivo defensivo “con toda urgencia” en “los accesos del peñón de Gibraltar a La Línea (…) en evitación de una sorpresa”, ante una supuesta amenaza franco-británica procedente del Peñón.

Enseguida, las obras blindadas se extendieron notablemente. Llegaron a cubrir ambas orillas de los cuatro kilómetros finales del río Guadiaro, todo el litoral comarcal y se extendían hasta las inmediaciones de cabo Roche, en Conil de la Frontera. El sistema defensivo se vio continuado inmediatamente hacia el oeste, completando en breve espacio de tiempo el resto de las costas de las provincias de Cádiz y de Huelva. En la actualidad existen vestigios de obras similares en casi cualquier punto del litoral español, incluyendo los archipiélagos.

La construcción del sistema de defensa contemporáneo del Campo de Gibraltar contó con la participación de, entre otros colectivos, diversos Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, sistema represivo del bando nacional que encuadraban a los mozos considerados desafectos al régimen. Se trataba de los jóvenes de las quintas de 1936 a 1941, quienes, al no haber servido en el ejército de Franco, debían hacerlo tras finalizar la guerra.

Tarifa no iba a ser una excepción a la norma de la construcción de estos fortines, sino todo lo contrario, habiéndose erigido en su término municipal un centenar largo de emplazamientos para ametralladoras, cañones anticarro, observatorios y tobruks, además de los complejos de artillería de costa recogidos en el Plan Jevenois, elaborado por la Comisión de Fortificación de la Frontera Sur en agosto de 1939.

En particular, en Albacerrado (los cerros situados entre el casco urbano y la carretera nacional Algeciras-Cádiz), podemos identificar una docena de elementos defensivos en hormigón compuestos principalmente por nidos de ametralladoras con sus pozos de tiradores anexos (en algunos casos) y dos refugios. Además, todos los vestigios de una de las instalaciones ofensivas del artillado del Estrecho, que conformaban la Batería D6 del Regimiento de Artillería de Costa nº 5. Esta fue su denominación oficial hasta que dejó de estar en activo, en 1957.

El diario El Mundo publicaba en agosto de 2016 un reportaje de Laura Garófano y Miguel Cabrera titulado “Los cuatro proyectos que ‘destruirán’ el litoral andaluz”, entre los que incluían a la Ciudad del Surf. Ponían voz a la alerta de Greenpeace sobre el proyecto urbanístico presentado en 2015 por el entonces alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, y la inmobiliaria Metrovacesa, “para desarrollar los terrenos y calificarlos de rústicos a urbanizables. La Ciudad del Surf propone erigir hasta 250 viviendas, 600 plazas hoteleras, 7.500 metros cuadrados de superficie comercial y como equipamientos públicos. Todo ello en una parcela de 162.000 metros cuadrados”.

Nido 377 con pozo de tirador en primer plano. Nido 377 con pozo de tirador en primer plano.

Nido 377 con pozo de tirador en primer plano. / Ángel Sáez

El asunto ha vuelto a la primera plana de nuestros periódicos. Afecta a una zona que suele calificarse como la de la expansión natural de la ciudad, dadas las restricciones urbanísticas que establecen el Parque Natural del Estrecho y la Ley de Costas. Antes del establecimiento de las medidas protectoras de nuestro litoral por razón de estas normas y figuras legales, el litoral tarifeño se libró en buena medida de la especulación y el desarrollismo turístico aplicado en las costas españolas por razones de defensa nacional.

La existencia de diferentes instalaciones militares en la zona limitaron la expansión urbana y preservaron unos paisajes sin parangón situados a la vista del Estrecho. Sobre todos ellos se ejercía la jurisdicción del MACTAE, dedicado al control de este espacio geoestratégico de primer orden. En palabras del general De Sequera Martínez, “esta circunstancia ha sido reconocida por la OTAN, correspondiéndole a España, como miembro de la misma, la defensa y control del Estrecho”.

Pero el proceso que concluyó con la disolución del RACTA nº 5 en diciembre de 2007 supuso el abandono de las instalaciones que sus baterías ocupaban en diferentes emplazamientos del litoral comarcal, principalmente. Muchos de estos lugares, en perfecto estado de uso hasta esas fechas, fueron rápidamente objeto de allanamiento, vandalismo y sustracción de materiales, perdiéndose en breve plazo de tiempo la oportunidad de convertirlos en espacios de uso público o de explotación turística. Su historia, sus extraordinarios emplazamientos y sus instalaciones así lo merecían, pero la descoordinación entre las administraciones civil y militar dejaron pasar la ocasión. Fue una auténtica pena y un despilfarro de recursos públicos.

En el futuro, cualquier intento en este sentido será mucho más costoso, aunque la ciudadanía está curada de espanto ante tantos ejemplos de ineficiente gestión política de lo público. Por su parte, los fortines de hormigón llevaban ya décadas en desuso en esas fechas y, en su inmensa mayoría, separados del manto protector de la jurisdicción militar. Es decir, que seguían siendo impunemente destruidos por iniciativa privada o pública cada vez que “estorbaban” en los proyectos infraestructurales o urbanísticos, vandalizados o, en el mejor de los casos, dejados caer o incorporados a viviendas privadas.

Batería D6 del Regimiento de Artillería de Costa nº 5. Batería D6 del Regimiento de Artillería de Costa nº 5.

Batería D6 del Regimiento de Artillería de Costa nº 5. / Ángel Sáez

Todos estos elementos monumentales, como bienes patrimoniales públicos que son, se encuentran bajo la tutela y protección teórica de la Junta de Andalucía. En primera instancia, el deber de conservación de tales bienes corresponde al propietario de los terrenos. Asimismo, la ley andaluza establece que los ayuntamientos han de colaborar con la Junta y que les corresponde adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para su salvaguarda.

Por si fuera poco, es doctrina de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que, al ser elementos defensivos, tienen protección por ministerio de ley (Decreto de 1949 que asumen las leyes 16/85 del Patrimonio Histórico Español y 14 /2007 del Patrimonio Histórico Andaluz). En consecuencia, cualquier actuación en ellos tiene que ser comunicada a la Junta y autorizada por ella. Entendemos que deben ser considerados bienes de interés cultural (BIC), pero no existe unanimidad en la administración respecto a este asunto.

En julio de 2017, la Junta de Andalucía concluyó la fase de valoración para la declaración de 14 nuevos Lugares de Memoria Democrática en la comunidad, de acuerdo con el decreto 264/2011 y la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática, que incluye el sistema de fortificaciones del estrecho de Gibraltar. Los integrantes del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar tuvieron gran interés en impulsar esta iniciativa, con exitosos resultados.

Las personas concienciadas con este asunto temieron que el reciente cambio radical de orientación política acaecido en el ejecutivo andaluz pudiera interferir en el proceso de declaración de los nuevos Lugares de Memoria Democrática. Era una preocupación razonable, oídos los postulados de las nuevas fuerzas de ultraderecha presentes en el Parlamento. Sin embargo, los hechos apuntan hasta ahora en diferente sentido. La nueva consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la sevillana y militante del Partido Popular Patricia del Pozo Fernández, ratificó en su comparecencia del 27 de marzo de 2019 ante el Parlamento de Andalucía los mecanismos de protección establecidos para los lugares y senderos de Memoria Democrática conforme a lo establecido en la cita ley.La consejera desgranaba el “régimen importante especial de protección y de conservación” de estos lugares, como son:

  1. El impedimento de derribos o suspensión de cualquier clase de obra o intervención en dichos lugares.
  2. La necesidad de obtener autorización de la consejería en materia de Memoria Democrática, con carácter previo a las autorizaciones o licencias para cualquier cambio o modificación que se desee llevar a cabo en estos lugares.
  3. El establecimiento de determinaciones de ordenación acordes con el régimen de protección establecido para estos lugares o que estén inscritos en el inventario.
  4. La emisión de informe preceptivo en relación con el planeamiento territorial.
  5. La emisión de informes vinculantes a los instrumentos de planeamiento urbanístico general que afecten a estos bienes.
  6. La adopción de medidas protectoras y cautelares necesarias para conservar los bienes inscritos en el inventario de lugares de memoria democrática.

Con todos estos antecedentes históricos, legales y de potencial explotación cultural y turística, los fortines de Albacerrado y los vestigios de la D6 deben estar a buen recaudo. Sin duda, Ayuntamiento y Consejería sabrán velar por el respeto de la legalidad vigente y del interés de la ciudadanía.

El topónimo referido, por cierto, no es el más adecuado a pesar de la normalización de su uso desde el siglo XIX. Se trata de una corrupción del original Valcerrado, como publicó en su momento un notable historiador de asuntos tarifeños, el doctor Sarriá Muñoz. Conforme a su fundada opinión, Albacerrado no tiene sentido, no significa nada, mientras que Valcerrado se refiere a un valle cerrado o resguardado. La cartografía histórica de la zona le da la razón, aunque en el siglo XIX la prensa alternaba, ya con naturalidad, ambos topónimos.

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