La agroalimentación, un eje estratégico del futuro europeo

El sector agroalimentario español es sólido, moderno y potente gracias al trabajo de todos los actores que lo componen, desde los productores primarios hasta la distribución. Esta fortaleza le permite jugar un importante papel en la consecución de uno de los principales retos que se ha marcado la Unión Europea: asegurar su autonomía estratégica alimentaria.

Es una necesidad que se ha puesto de manifiesto de forma inapelable a raíz de experiencias como la pandemia del Covid-19 y la guerra que ha desatado Putin contra Ucrania. Cuando aún no habíamos superado del todo los efectos que causaron, en los mercados mundiales, los cuellos de botella derivados de la salida de la pandemia, Rusia desató un conflicto bélico que está teniendo importantes repercusiones en los sistemas alimentarios globales, incluida la amenaza del hambre sobre las poblaciones de los países más desfavorecidos, sobre todo de Asia, África y América Latina.

La utilización de los alimentos como arma de guerra y de herramienta geopolítica es absolutamente inaceptable. La producción agroalimentaria tiene que permanecer al margen de los conflictos y debe cumplir con su fin primordial de suministrar a la población alimentos sanos, asequibles y de calidad.

Muchos países en vías de desarrollo han sufrido problemas de desabastecimiento y, aunque no ha sido el caso de los que integramos la Unión Europea, los estados comunitarios también hemos tenido que afrontar una importante desestabilización de los mercados debido al incremento de los costes de la energía, de los fertilizantes y de las materias primas en las que Rusia y Ucrania son principales suministradores, como el girasol (50%) y el maíz (30%).

Por otra parte, hay un tercer elemento que también ha venido a sumarse a este escenario, ya de por sí, bastante complejo. Me refiero al prolongado episodio de sequía, altas temperaturas y fenómenos atmosféricos extremos que estamos viviendo en el sur de Europa.

La recurrencia de las sequías en nuestro país es cada vez más frecuente. Antes se producían cada siete o diez años (como las de 1995, 2005 y 2012) y, ahora, ocurren prácticamente en años alternos (como las de 2017, 2019, 2022 y 2023). Estamos ante un claro efecto del cambio climático, al que debemos hacer frente desde todas las actividades de la producción humana.

En este contexto complicado, el sector agroalimentario español ha demostrado un alto grado de resiliencia y adaptación a situaciones cambiantes. Prueba de ello es un dato irrefutable: los 70.000 millones de euros de exportaciones de las empresas agroalimentarias, una cifra récord, histórica para España y en línea con el crecimiento que experimenta el conjunto del país.

Es el fruto de la implicación de todos los agentes que componen la cadena agroalimentaria española, pero también de los inéditos niveles de apoyo público que está recibiendo el sector. El volumen y frecuencia de ayudas habilitadas por el Gobierno para respaldar al sector ante las necesidades sobrevenidas no tiene precedente histórico en nuestro país.

De hecho, el Gobierno tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad alimentaria del conjunto de la población, máxime en las circunstancias que concurren en el momento actual. La inusual escasez de precipitaciones y unas temperaturas anormalmente elevadas, unidas a una guerra que está utilizando los mercados agrarios con fines geopolíticos, son circunstancias de tal magnitud y gravedad -por sus efectos, por su persistencia en el tiempo y por su carácter mutable- que definen un escenario que amenaza la estabilidad del sector agrario y, por tanto, de la seguridad alimentaria. Por eso, al igual que durante la pandemia, cuando el sector fue declarado esencial, también ahora, el Gobierno ha considerado indispensable la urgente adopción de medidas de apoyo público.

El conjunto de medidas que engloba el Real Decreto-Ley 4/2023 de 11 de mayo y se suma a las ya habilitadas en 2022, que alcanzaron los 2.000 millones de euros, para los mismos fines. Se trata de atajar, desde todos los frentes, los efectos perniciosos de la sequía y la guerra en nuestras producciones. Y son medidas que van desde ayudas directas, como los 712,7 millones de euros para el sector agrario, hasta apoyos de carácter fiscal que beneficiarán a 800.000 profesionales agrarios con la rebaja del 25% en su declaración de IRPF, pasando por otras medidas de carácter socio-laboral o financiero.

Son 784 millones de euros de ayuda que, sumados a las habilitadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en materia de aguas, alcanzan prácticamente los 2.200 millones de apoyo.

En paralelo a esta línea de ayudas urgentes para la defensa de nuestro sistema de producción agroalimentaria, tenemos que progresar también en la búsqueda activa de soluciones significativas para adaptarnos a las nuevas necesidades alimentarias del mundo, que no son otras que una mayor producción de alimentos con una menor utilización de recursos.

La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen un potente tridente que va a jugar un papel estelar en este aspecto. Por ejemplo, los españoles acabamos de asumir y vamos a ejercer la Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023 y uno de los temas que tendremos encima de la mesa y del que esperamos obtener conclusiones es el referido a las Nuevas Técnicas Genómicas (NTG) que podrían resultar fundamentales para cumplir con ese objetivo de más alimentos con menos recursos naturales y menos utilización de fitosanitarios.

Por otra parte, pero también desde el ámbito comunitario, la activación, este año, de la nueva Política Agraria Común (PAC) y su correspondiente Plan Estratégico nacional, así como el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), también vienen a añadir oportunidades de modernización y transición hacia un modelo agrario del siglo XXI.

Si sumamos las ayudas habilitadas para hacer frente a las circunstancias más urgentes y los fondos europeos, disponemos de más de 50.000 millones de euros para el próximo quinquenio. Se trata de la cifra más alta de inyección de fondos públicos en el sector agroalimentario que se haya producido jamás. Eso supone que, además de un impacto económico, va a suponer una gran oportunidad para todos los integrantes de la cadena de valor y su consiguiente significación social y territorial en nuestro país.