Las reclamaciones de los ciudadanos ante la Agencia Española de Protección de Datos por considerar vulnerados sus derechos a la privacidad crecieron más del 45% en 2008, anunció ayer el director de este organismo, Artemi Rallo.

La mayoría de las 2.362 denuncias tramitadas por la agencia se referían al sector de las telecomunicaciones (458) a las entidades financieras (382) y a los sistemas de videovigilancia (en este caso las reclamaciones se han triplicado en un año y se situaron en 365).

Las quejas en telecomunicaciones denunciaban principalmente la recepción de spam (publicidad no deseada) telefónico, la adhesión a servicios de coste adicional sin consentimiento del cliente o las dificultades para darse de baja en algunas operadoras.

En el sector bancario, la mayor parte de las reclamaciones se referían a la inclusión en ficheros de morosidad y a problemas de incumplimiento del deber del secreto con el cliente.

Las denuncias sobre los sistemas de videovigilancia advertían de intromisiones en la intimidad y en la privacidad de los ciudadanos en lugares privados (hoteles o tiendas) o centros de trabajo.

Como resultado de estas quejas, en 2008 la Agencia de Protección de Datos inició un 58% más de procedimientos sancionadores que un año antes y recaudó 22,6 millones de euros en multas (el 75% de ellas por sanciones calificadas como graves, el 18% leves y el 7% muy graves).

Por sectores, el número de sanciones acumuladas también está encabezado por las telecomunicaciones (190), seguido del financiero (111), comunicaciones electrónicas, comerciales y spam (39), comercio, transporte y hostelería (31) y, por último, la videovigilancia (27).

Cabe destacar el aumento de las infracciones cometidas por las administraciones públicas en 2008 (especialmente por la local) por aspectos tan graves como la difusión de datos personales por internet o por extravío, en la vía pública, de documentación sobre ciudadanos y sus datos personales.

La agencia también inició actuaciones de oficio motivadas por el hallazgo de tarjetas sanitarias de usuarios de la sanidad pública, por la filtración de documentación judicial o ficheros policiales en medios de comunicación, por la instalación de cámaras de vigilancia en colegios o por difundir imágenes de agresiones en YouTube.

En 2008, la agencia recibió 1.229 solicitudes de tutela de derechos en los que, básicamente, los ciudadanos pedían la cancelación de sus datos en los libros de bautismo (el 42% del total) en internet o en operadoras de telecomunicaciones, y la supresión de sus antecedentes policiales o historias clínicas.

Pero junto a todas las denuncias y quejas, los ciudadanos también aumentaron sus consultas a la agencia (el 52% más que hace un año), principalmente para informarse de sus derechos, saber cómo se puede evitar el envío de publicidad masiva por correo electrónico o telefónico, o cómo borrarse de un ficheros de morosos.

En la presentación de la Memoria 2008, Artemi Rallo, valoró que los ciudadanos están más concienciados y sensibilizados con sus derechos sobre privacidad y protección de datos personales, aunque ha constatado su "preocupación extraordinaria" por dos ámbitos que crecen a velocidad "de vértigo": internet (las redes sociales en especial) y los sistemas de videovigilancia.

Respecto a internet, subrayó su preocupación por la desprotección de los menores en las redes sociales como Tuenti o Facebook, que no comprueban ni impiden el uso de estos servicios por parte de los niños. En este sentido, resaltó que las denuncias relativas a este tema hasta febrero de este año eran inexistentes y que, en el plazo de apenas un mes, se han elevado hasta 14.

Rallo reconoció haber mantenido conversaciones con las principales redes sociales españolas -fruto de las cuales anunció recientemente un acuerdo con Tuenti-, aunque solicitó "más obligaciones" para los creadores de estos espacios, que cuentan a su entender con un diseño "deficiente" para defender la privacidad de los usuarios.

Sobre el "imparable fenómeno" de la videovigilancia, Rallo recordó que este sector ya cuenta con 1,2 millones de ficheros inscritos en el Registro de Protección de Datos, es decir, que legalmente ya hay más de un millón de entidades con permiso para grabar imágenes con fines de vigilancia (el 98% de ellos privados), 276.286 registrados en Cataluña y 189.408 en Madrid.

Otros datos destacados de la memoria de la Agencia de Protección de Datos es el que hace referencia al número de consultas planteadas al servicio de atención al ciudadano, un total de 72.650 (un 52,14% más que en 2007).