La Asociación de Consumidores y Usuarios de la Marina de Sotogrande (Acumar) demanda al Ayuntamiento de San Roque que convoque una asamblea general de propietarios para que se elija el órgano rector de la entidad urbanística de conservación de esta zona once meses después de que se aprobaran sus estatutos. El colectivo recuerda que en el pleno celebrado el 26 de abril de 2019, el Consistorio dio por extinguido el Régimen Especial de la Marina (REM), sistema por el que se administraba toda la zona de La Marina y 26 comunidades de propietarios “sin rendir cuentas de gastos e ingresos”, según denuncia este colectivo, y que aún no se ha puesto en marcha la nueva forma de gestión.

Acumar señala que el hecho de que la entidad urbanística de conservación aún no esté operativa está provocando graves perjuicios económicos a los propietarios porque “Sotogrande sigue girando sus recibos e interponiendo pleitos a pesar de que su función fue cancelada hace ya once meses”.

Acumar, en la que están inscritas 19 comunidades que suponen más de 1.000 propietarios, recuerda que el Pleno del Ayuntamiento de San Roque dio por extinguido el REM hace ya 11 meses y que el Consistorio constituyó y aprobó los estatutos de una entidad urbanística de conservación para que fueran los propietarios y el Ayuntamiento los que administraran el conjunto urbanístico, mientras que cada comunidad gestionaría su espacio propio.

Los consumidores y usuarios de La Marina explican que para que comience a funcionar solo queda que el Ayuntamiento convoque una asamblea general de propietarios para que se elija el órgano rector de la entidad urbanística de conservación y, a su vez, Sotogrande termine la urbanización “después de más de 20 años de obras”.

“Transcurrido casi un año, ni el Ayuntamiento convoca esta asamblea general ni el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, facilita información alguna sobre cuándo terminará el proceso. Mientras, se están produciendo graves perjuicios económicos a los propietarios porque Sotogrande sigue girando sus recibos e interponiendo pleitos, todo ante la pasividad del Ayuntamiento de San Roque y de su alcalde”, denuncia Acumar.

Ruiz Boix explicó a Europa Sur que para convocar esa asamblea primero se deben completar una serie de trámites. “Primero hay que trasladar y tener copia fehaciente de que todos los propietarios de La Marina tienen la comunicación de la constitución de la entidad urbanística de conservación, de la que forman parte más de 2.000 viviendas”, indicó.

“Además, Sotogrande debe ejecutar unas obras pendientes antes de la firma de la recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento para ponerla a disposición de la entidad urbanística de conservación en perfectas condiciones”, aclaró el regidor sanroqueño.

Acumar viene denunciando desde hace unos años que el Régimen Especial de La Marina ha causado un sobrecoste de más de un millón de euros al año a los propietarios de la zona, que además ha sufrido "una dejadez progresiva en la prestación de servicios". 

Sotogrande siempre ha defendido la legalidad de este sistema: "Sotogrande siempre se ha ajustado a la legalidad, las condiciones son claras y así se ha puesto de manifiesto en las sentencias que ha habido a nuestro favor", indicó un representante de la empresa después de que un juez dictara un auto en el que acordaba continuar las diligencias previas iniciadas tras una demanda interpuesta en 2014 por una veintena de propietarios.

La entidad de conservación tendrá como objeto principal la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de la urbanización, la prestación de servicios como la recogida de residuos urbanos, la contratación de obras y servicios y la verificación del correcto cumplimiento de los contratos de servicios generales que afecten al ámbito de la entidad. Formarán parte de la misma los propietarios de las fincas comprendidas en esta zona y el Ayuntamiento de San Roque.