Campo de Gibraltar

Un juez ve indicios de delito en el régimen de servicios de Sotogrande

  • Una veintena de propietarios de la Marina demandan a la urbanizadora l La empresa dice que este estatus está incluido en las escrituras

Imagen de un grupo de viviendas de la Marina, junto al puerto de Sotogrande. Imagen de un grupo de viviendas de la Marina, junto al puerto de Sotogrande.

Imagen de un grupo de viviendas de la Marina, junto al puerto de Sotogrande. / Andrés Carrasco

Carlos Serrano García, juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque, considera que Sotogrande podría estar cometiendo un delito, además de estar causando un perjuicio a los propietarios de la Marina, por la imposición del Régimen Especial de la Marina (REM). Este estatus particular es el que se aplica a todas las viviendas construidas en la zona residencial situada junto al puerto para el cobro de los mantenimientos y servicios que la compañía presta a dichas casas.

En un auto firmado el pasado 25 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Sur, el juez considera que "se trata de un servicio no negociado y autoimpuesto por Sotogrande en unas condiciones unilateralmente creadas por ésta, a través de una ficción real, cual es la constitución de dicho gravamen que crea una apariencia de realidad que constituye engaño bastante para inducir a error a los propietarios de las comunidades de propietarios de la Marina de Sotogrande".

Esta motivación ha provocado que el juez haya dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas iniciadas tras la demanda interpuesta contra Sotogrande en el año 2014.

El titular del juzgado sanroqueño solicita que se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que en el plazo común de diez días soliciten la apertura de juicio, el sobreseimiento de la causa o, de manera excepcional, la práctica de nuevas diligencias que se consideren indispensables para formular la acusación.Sotogrande ya ha anunciado que recurrirá la continuación de las diligencias previas impuestas por el juez. Fuentes de la empresa señalaron que el Régimen Especial de la Marina (REM) está inscrito en el Registro de la Propiedad, que es público, y que todas las personas que adquieren una vivienda en dicha zona, también firman la inclusión de este régimen al adquirir su casa.

"Las condiciones de compra establecen claramente la existencia del REM y, por tanto, cuando se firma la compra, se acepta este régimen", añadió un portavoz.

Sotogrande defiende que esta es la primera demanda interpuesta por propietarios de inmuebles de la Marina que llega al ámbito penal, y que todas las que han ido por el civil han sido desestimadas y han dado la razón a la urbanizadora. "Sotogrande siempre se ha ajustado a la legalidad, las condiciones son claras y así se ha puesto de manifiesto en las sentencias que ha habido a nuestro favor", añadió el representante de la empresa.La demanda registrada en el juzgado sanroqueño, la única que se mantiene abierta contra Sotogrande por este asunto, fue interpuesta por una veintena de propietarios, tanto particulares como empresas privadas.

En el auto, el juez recuerda que la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía emitió un informe en junio de 1992 en el que señalaba que para ajustar su regulación al artículo del Planeamiento Urbano era necesario crear una entidad urbanística, que es lo que persiguen los propietarios de la urbanización situada junto al puerto. Tres años más tarde, Sotogrande otorgó una escritura pública ante notario sobre el Régimen Especial de la Marina, donde señalaba que la empresa se encargaría de prestar en exclusiva los servicios de mantenimiento de la marina interior, incluyendo el suministro de agua, la recogida de basuras, jardinería, o vigilancia entre otros.

Dicha escritura pública fue inscrita también en el Registro de la Propiedad de San Roque, conformando así una carga real sobre los futuros inmuebles que se construyesen y que habrían de soportar hasta el año 2057.En 1999 el Ayuntamiento de San Roque aprobó la modificación del Plan ESpecial de dicha zona, estableciendo que la conservación y el mantenimiento de la Marina correspondería a Sotogrande, modificando así lo expuesto por la Junta. Por todo ello, el juez ha decidido continuar con las diligencias previas para por si los hechos fuesen constitutivos de delito.

Cabe recordar que fue el consejo de ministros del 23 de julio de 1982 el que otorgó al Puerto de Sotogrande (entidad distinta a la que ahora ha sido demandada por los propietarios), una concesión administrativa por 75 años para construir y explotar un puerto deportivo y una marina interior en las fincas 11.417 y 12.019 del Registro de la Propiedad de San Roque, con la obligación de conservar las obras y terrenos en perfecto estado.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios