Al sur del sur

Javier Chaparro

jchaparro@grupojoly.com

El pescador y el tratado sobre Gibraltar

Hasta para el Gobierno de Sánchez sería imposible firmar el tratado con Reino Unido si Jonathan Sánchez es detenido o, incluso, encarcelado por faenar en aguas españolas

Jonathan Sánchez, en el puerto pesquero de La Atunara.

Jonathan Sánchez, en el puerto pesquero de La Atunara. / Erasmo Fenoy

La Comisión Europea y España, de un lado, y Reino Unido y Gibraltar, de otro, se han propuesto cerrar antes de final de mes el acuerdo marco llamado a definir las relaciones entre los 27 y la colonia británica tras el Brexit. La desaparición de la Verja sería la representación de un nuevo tiempo que debería dar paso a la creación de un área de prosperidad compartida entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, donde quedarían diluidas las diferencias existentes a todos los niveles entre ambos territorios. Eso dice la teoría, sobre el papel.

Más de dos años se prolongan unas conversaciones en las que unos y otros deben ponerse de acuerdo sobre asuntos que este periódico ha ido detallando a lo largo de todo ese periodo: nivelación fiscal, transposición de la normativa medioambiental de la UE a la Roca, lucha contra el contrabando de tabaco, igualación de las pensiones, control de fronteras, uso conjunto del aeropuerto... Todos ellos son sustanciales y en todos, se supone, hay puntos de encuentro y diferencias que deberían quedar resueltas acordando plazos de puesta en marcha para cada medida y compromisos de colaboración que pongan fin a los desencuentros.

Existe, sin embargo, un asunto sobre el que en trescientos años no ha habido aproximación alguna. Tampoco ahora: la jurisdicción sobre las aguas que rodean el Peñón, una cuestión aparcada desde el comienzo de los contactos por irresoluble y por afectar a la soberanía ambas partes.

Caben pocas dudas de que la decisión de la Fiscalía llanita busca ganar tiempo para no torpedear el acuerdo sobre el tratado

Como es bien conocido, de acuerdo al Tratado de Utrecht, tan solo se cedió a Reino Unido -y a regañadientes- el territorio de Gibraltar, pero no su soberanía, en tanto que las únicas aguas británicas reconocidas por España en ese documento son las interiores a su puerto. Pero he ahí que tanto la Royal Navy (RN) como la Royal Police (RP) ejercen una jurisdicción de facto cuyo penúltimo episodio tiene como protagonista a un pescador de La Línea, Jonathan Sánchez, citado como acusado el pasado día 1 por los jueces de la colonia por faenar... en aguas españolas.

Un sainete judicial llanito

Dado que Sánchez no se presentó a la vista, como es lógico y haciendo caso a las recomendaciones del Gobierno español, le tocaba mover ficha a los jueces llanitos. Y ahí empezó el sainete: la Corte de Gibraltar, inicialmente, consideró innecesaria dictar una orden de detención sobre el pescador, después la revocó y, finalmente, la Fiscalía de Gibraltar -que es tanto como decir el Gobierno de Picardo- ordenó no arrestar a Sánchez en tanto no se resuelvan algunas cuestiones, no concretadas, en torno al procedimiento judicial.

Habrá que esperar para ver las consecuencias en el proceso de negociación de los dos relevos anotados esta semana en Exteriores

Caben pocas dudas de que la decisión de la Fiscalía llanita busca ganar tiempo para no torpedear el acuerdo sobre el tratado. Una cosa es arquear la ceja con desagrado cuando los patrulleros de la RN hostigan a embarcaciones oficiales españolas -la última vez, el pasado 3 de octubre, el HMS Cutlass con el Isla de León- y otra firmar un tratado con Reino Unido mientras este procesa, detiene o encarcela a un pescador de La Línea por faenar en aguas españolas. Cosas más difíciles se han visto, pero hasta para el Gobierno de Pedro Sánchez sería difícil un salto mortal semejante.

Plazos marcados

Si no se cierra un acuerdo antes de que finalice 2023, sería muy complicado que el texto fuese redactado en su totalidad con todos sus perejiles en el primer semestre de 2024 para someterlo a votación de los 27 en el Consejo y en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que en junio se celebrarán elecciones europeas.

Cuestión aparte será ver las consecuencias de los relevos anotados esta semana en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de dos cargos clave en el proceso de negociación del tratado sobre Gibraltar. Ninguno tiene pinta de ser casual, aunque los procedimientos seguidos difieran en un caso y otro. El del Juan José Sanz, delegado de Exteriores en el Campo de Gibraltar desde 2020, estaba previsto desde hace meses y su nombramiento como embajador en Belgrado es un reconocimiento a su trayectoria y méritos que compensa algunos sinsabores; no ocurre así con su colega Javier Benosa como jefe de la Oficina de Gibraltar, sin destino aún y destituido de ese puesto por sus críticas abiertas a la concesión de la amnistía a los independentistas catalanes y por el descrédito que, a su juicio, sufrirá España por ese motivo. A uno y otro, gracias por los servicios prestados.

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