En su edición del día 6 de septiembre, Europa Sur se hacía eco de las infructuosas gestiones que viene realizando la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para encontrar una sala donde la Sección de la Audiencia de Algeciras pueda celebrar el ya conocido “macrojuicio” con 157 acusados, por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, ya que la que se encuentra en el interior de dicho órgano judicial carece de capacidad suficiente para este tipo de juicios.

Por parte de quien suscribe este artículo, en mi etapa como presidente de la Sección, comencé a efectuar gestiones -seguidas por quienes me sucedieron- para dar solución al problema que se avecinaba. Sólo se amplió la sala para dar cabida a 20 acusados con sus defensas, pero ya se decía hacía unos tres años por parte de la Junta de Andalucía que se estaba intentando localizar una mayor para los macrojuicios que se avecinaban.

En una tribuna que se me publicó por este diario el pasado 22 de julio, ya exponía la difícil situación que se planteaba a corto plazo, ya que eran varios, no sólo éste, los juicios que habrían de celebrarse con más de 100 acusados.

¿De quién será la responsabilidad por haber tenido en prisión y sin juicio a las personas al carecerse de sala adecuada?

Y aquí hay en juego dos derechos fundamentales:

El primero, es el derecho que todo preso tiene a que su causa se juzgue lo antes posible, y en todo caso, con prioridad sobre otras donde los acusados se hallen en libertad. En el caso que, comento, hay imputados que se hallan en prisión preventiva por la causa que van a ser juzgados. Cierto es que se puede prorrogar transcurridos los dos años en prisión por otros dos, cuando existan causas justificadas para no poder celebrar el juicio. Pero entiendo que no entra de esa justificación el que la Administración -Junta de Andalucía-, no le dé solución, proporcionando, como es su deber, una sala de las características que requiere el caso. Y debo decir que no es el único, ya que hay pendientes varias de la misma naturaleza. Si la Audiencia prorroga esa prisión hasta los 4 años y luego resulta que algunos de ellos, tras la celebración del juicio es absuelto, ¿de quién será la responsabilidad por haber tenido en prisión sin juicio al carecerse de sala adecuada?. De otro lado, si la Audiencia decide dejarles en libertad, lo previsible es que, cuando sea posible la celebración del juicio, algunos imputados -es lo habitual- no comparezcan ni sean hallados, con lo que no darán cuenta ante la Justicia y la sociedad del hecho que presumiblemente cometieron. ¿Existirá igualmente esa responsabilidad para quien no facilitó en su momento los medios para juzgar?

Cuando se dice que se está buscando un lugar idóneo -ahora- en los alrededores, ni pensar quiero que traten de buscar sitio en otra provincia andaluza. Ello obligaría a que el Consejo General del Poder Judicial autorizase a los magistrados de la Audiencia de Algeciras a desplazarse a ese otro hipotético lugar durante la vista -cuya duración excederá de los dos meses-  y generaría inconveniencias también para abogados, pero, además, se vulneraría un segundo derecho fundamental: la publicidad.

La publicidad de los debates del juicio viene exigida en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Supone un derecho para todos los ciudadanos para conocer los hechos que han podido cometer otros de su mismo entorno. Se ampara este principio, además, en la prevención de delitos, esto es, que los que asisten al juicio oral comprueben lo sucedido y evitar que puedan repetirse por otros convecinos.

¿Es que no interesa que funcione la Justicia en esta zona?

Pues bien, entiendo que los juicios han de celebrarse en el lugar donde los mismos se cometieron y no en otro lugar, con excepción de algunos delitos -por ejemplo, los de terrorismo, que se juzgan en Madrid, en la Audiencia Nacional, sea cual sea el lugar donde se cometió el hecho-. Por tanto, sería contra legem el trasladar a otra provincia el lugar de celebración de hechos cometidos en el Campo de Gibraltar. La lógica dice que los ciudadanos de la zona no se desplazarían para presenciar algo a lo que tienen derecho.

Y quiero finalizar con una reflexión: ¿Es que no interesa que funcione la Justicia en esta zona? ¿No existen edificios en Algeciras para albergar una sala para estos juicios? ¿No se ha trabajado en los últimos años para dar solución a este tema?

Se deja indefensos a los ciudadanos con esta desidia, que denota el abandono -como ya dije hace meses- que sufre el Campo de Gibraltar en muchos aspectos, y en este en particular. Pienso que no se deben hacer tantas promesas de grandes proyectos sin resolver antes los problemas que acucian a Algeciras y la Comarca en general.