Sabemos de ellos, aunque no sepamos los nombres de todos. Son milmillonarios, poseedores de empresas tecnológicas, tenedores de fondos de inversión, propietarios de potentes medios de comunicación o de redes sociales con amplísima implantación en todo el planeta, y de grandes sociedades con inmenso patrimonio inmobiliario.
Nos dicen que hay que minimizar la inminencia del cambio climático y que la Agenda 2030 es un fraude. Seguramente, para ellos los brutales incendios que asolan un año tras otro el Sur de Europa, el Norte de América y de Australia, o las inundaciones de la dana en Valencia o de Andalucía en estas fechas, o en el Extremo Oriente, serán culpa de esa misma pobre Agenda. Pero al mismo tiempo su búsqueda incesante para incrementar los beneficios de sus sociedades les lleva a esquilmar los recursos naturales, como petróleo, gas, bosques, agua y minerales raros por todo el mundo. Todo sea por el beneficio.
Nos dicen que los poderes públicos no deben intervenir en la economía, que la regulación de la actividad económica y la fiscalidad constriñen y limitan la iniciativa privada y la inversión, destruyen empleo y amenazan la libertad de mercado. Mientras afirman esto, se acogen a todas las subvenciones y ayudas públicas que están a su alcance, destruyen en nombre de los beneficios el empleo que haga falta, eluden sus obligaciones fiscales cuanto pueden y reniegan de la progresividad de los impuestos. Conviene que usted sepa que cualquiera de nosotros tributa efectivamente por sus ingresos más del doble en porcentaje que ellos.
Últimamente, y ante diversas iniciativas europeas –España, entre otros países– para regular la utilización por los menores de las redes sociales y su instrumentación con fines ideológicos y políticos, nos dicen que ello amenaza la libertad de expresión y puede desembocar en “silenciar la disidencia” o “suprimir la oposición”. Pero mientras tanto, estos adalides de la libertad, utilizando los algoritmos de sus plataformas, arriman el ascua al molino de sus ideas extremistas, intervienen en procesos electorales de diversos países –EEUU, sin ir más lejos– fomentan mensajes de odio e insultos y van acondicionando una mentalidad individualista que menosprecia lo común y fomenta el egoísmo absoluto.
Por cierto, que, en este asunto, muchos de los problemas se podrían solventar si se exigiera en todas las redes sociales la identificación con la cartera europea de identidad digital (el ID) que los estados miembros deben poner en marcha antes de que termine este año 2026. Se acabaría así con el anonimato y la impunidad para el insulto, la infamia y la calumnia. Si un escritor, un artista, un periodista, tienen que estar identificados para ser responsables de lo que expresan, ¿por qué se admiten la identidad ficticia y el anonimato en las redes sociales?
Sabemos de ellos, sabemos lo que dicen, y lo que hacen. Es evidente que, en cada caso, una cosa es lo que predican y otra bien distinta lo que practican. Esa constante incoherencia entre el discurso y los hechos debería llevarnos, cuando menos, a una reflexión de pura higiene democrática. ¿En nombre de quién hablan? ¿A quién benefician sus hechos? ¿Qué legitimidad encierra esa contradicción?
Ante este panorama, a mi juicio, debemos de tener muy claro lo que está en juego, sin caer en maniqueísmos fáciles. La democracia se sustenta en el ejercicio del derecho al voto como máxima expresión de la soberanía popular, y para ello es requisito la libre deliberación pública. Combatir, por tanto, el abuso del inmenso poder de algunos pocos para acomodar las ideas y la voluntad de millones de seres humanos según conviene a sus intereses y su beneficio económico es un imperativo democrático, un deber cívico. Cualquier persona que piense que su opinión es libre y quiera seguir siéndolo, sin que nadie le manipule, debe tomar postura ante ello. Por eso es necesaria la movilización de la sociedad civil, más allá de las etiquetas políticas, porque esto no va de izquierda ni derecha: esto va de democracia.
