El 24 de noviembre de 1995 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre por la que se aprobaba el Código Penal, llamado por algunos “de la democracia”. Gobernaba el hoy denostado Felipe González, que fue quien firmó la ley en el Diario Oficial, si bien el ministro de Justicia (y de Interior a la vez, el primer superministro de la democracia, antes de Félix Bolaños) era Juan Alberto Belloch Julbe, juez de carrera como su padre, quien fue gobernador civil en Huelva, Huesca y Barcelona entre 1976 y 1980.
Pero ese Código Penal entró en vigor siendo ya ministra (solo de Justicia) Margarita Mariscal de Gante, también juez de carrera, que desempeñó el cargo siendo ya presidente del Gobierno José María Aznar.
Desde entonces hasta hoy (o sea, en 30 años) sin incluir la reforma que se cierne de un día para otro, ha sido reformado en 48 ocasiones. De ellas, 20 las ha llevado a cabo Pedro Sánchez (dos veces en 2019, una en 2020, siete en 2021, las mismas que en 2022, dos en 2023 y una 2024).
La conclusión que yo saco es que (como decía la chirigota del Selu de 1992 El que la lleva la entiende, vulgo Los borrachos a propósito de la Ley Corcuera, o de Seguridad Ciudadana anterior a la vigente, de 1992) vamos dando pasitos p’atrás.
En mi parecer, toda reforma que se ha llevado a cabo en el Código Penal que hoy sufrimos (o disfrutamos, que dirán algunos) ha sido para restringir libertades o para endurecer las penas, salvo honrosas excepciones, como la L.O. 7/1998, que suprimió las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y se rebajaron las penas de inhabilitación para dichos supuestos. En fin, fue bonito mientras duró, que duró poco el texto original, porque las dos primeras reformas se produjeron ya en 1998.
Tras este extenso preámbulo, aunque no tanto como el de algunas leyes, quiero centrarme –aunque sea de manera sintética- en la reforma de la que ha informado ampliamente este periódico. La nueva ley de multirreincidencia aprovecha para castigar el petaqueo con penas de tres a cinco años de prisión. El objetivo prioritario de la Proposición de Ley Orgánica -se dice en Europa Sur- que tiene que pasar por el Senado, es combatir el suministro de combustible en el mar a las narcolanchas para anular la capacidad logística de los grupos criminales. Pero como yo señalaba (Europa Sur 19 de enero y 9 de febrero) renta más, penológicamente hablando, traficar con hachís o blanquear que dedicarse a petaquear, porque si el delincuente lo hace bien, no le condenan por blanqueo y si trafica con hachís (pongamos que hasta 1.000 kilos de nada) la pena máxima sería de 4 años y 6 meses de prisión y la mínima, de 8 meses. En ambos casos con una multa, siempre superior al valor de la droga intervenida.
Ahora, lo preocupante es que, si una persona es condenada tres veces en poco tiempo por sustraer sin violencia ni intimidación ni fuerza en las cosas, es decir por hurtar, a la cuarta, por cometer otro hurto puede ser condenada a tres años de prisión. Pero si es sorprendida poseyendo 2.500 gramos de hachís, puede ser condenada a sólo 8 meses y dos días de prisión y multa, que dependerá de lo que cueste el hachís en el mercado negro. Si no lo pillan, la ganancia que obtiene por vender ese hachís es superior a la que obtendría por vender los móviles que haya sustraído o las colonias o prendas que se haya llevado del Mercadona, del Primark o de El Corte Inglés, pongamos por caso.
Eso sí, le deja al juez las manos libres para acordar, inmediatamente después de la detención, la prisión preventiva, que es lo que quería la gente de Puchi el belga. Y así se recoge en su justificación de la norma que ha llevado al Congreso de los Diputados: “con la redacción que se propone, se incorpora una nueva modalidad al delito de hurto, cuya penalidad permite solicitar y acordar la prisión preventiva por razón de la pena”.
Así las cosas, en comparación con la multirreincidencia, el petaqueo se castiga de manera acorde con las pretensiones punitivas de los supremacistas de Puigdemont, que son los que han propiciado castigar severamente la multirreincidencia y los deseos liberticidas de Vox, que han contado naturalmente con el apoyo de sus progenitores, léase el Partido Popular y los vasquistas del PNV. Lo triste y sorprendente es que el partido que está en el poder (no sé si también gobierna), ha prescindido de las fuerzas políticas del bloque de investidura que supuestamente están a la izquierda suya, y ha sacado adelante la ley con el apoyo de su partido (PSOE) y de todas las derechas de España.
Decididamente, resulta más barato la represión de conductas delictivas menos graves que la prevención y la educación. Pero lo que no resulta es progresista, aunque el PSOE respalde también esta norma.
