Si nos remitimos al optimismo que se desprende de las breves declaraciones realizadas el viernes por diversos actores políticos en torno al acuerdo general alcanzado entre la UE, España y Reino Unido (con Gibraltar integrado en este último), hay motivos para pensar que asistimos al final de un periodo histórico durante el que los habitantes del Campo de Gibraltar y de la colonia británica han vivido tan cerca como de espaldas. A tenor del comunicado oficial conjunto emitido por las cuatro partes, la cumbre celebrada en Bruselas ofrece como resultado inicial un consenso para facilitar la movilidad de las personas, con la supresión de los controles en la Verja, y el uso conjunto del aeropuerto. Ambas medidas son tremendamente positivas para los ciudadanos de uno y otro lado y supondrán la integración del Peñón en el espacio Schengen europeo, aunque cabe ser cautos y aguardar a la letra pequeña porque hay mucho más en juego. La llamada “área de prosperidad compartida” no podrá ser tal si las condiciones de vida en los dos espacios actuales no se rigen por unos estándares legales y fiscales similares, siempre bajo el marco normativo de la UE. Por ejemplo, si el aeropuerto y el puerto de Gibraltar pasan a ser las nuevas fronteras exteriores, es evidente que la seguridad de Europa no debe dejarse sólo en manos de terceros, sino también de las españolas como país garante del cumplimiento del futuro acuerdo. Las mismas precauciones hay que tener a la hora de exigir la equiparación de los derechos laborales y sociales de los trabajadores no británicos (los pensionistas españoles que cotizaron en el Peñón cobran de media 450 euros menos al mes), para lograr la nivelación tributaria en materia de IVA, gasolinas, tabaco o para que la colonia transponga las directivas medioambientales de la UE. O se establecen las mismas reglas de juego o, lejos de tener esa prosperidad compartida, se consolidarán las desigualdades.