La democracia y el banquillo

Con independencia de cuál sea la sentencia que adopten en las próximas semanas los siete magistrados del Tribunal Supremo que han juzgado al fiscal general del Estado, lo que confiere una extrema gravedad a este caso es que ese juicio haya llegado a celebrarse con uno de los principales representantes institucionales del Estado en el banquillo de los acusados. Aunque finalmente el fallo sea absolutorio y Álvaro García Ortiz salga con todos los pronunciamientos a su favor, el daño a la propia arquitectura del sistema democrático ya está hecho. La responsabilidad principal recae en el propio García Ortiz por su empecinamiento en permanecer en el cargo contra cualquier criterio lógico, una vez que fue formalmente encausado, y en el Gobierno que, saltando por encima de las más elementales reglas de la división de poderes, ha dictado su propia sentencia absolutoria. Este juicio no ha llevado a la sala del Supremo solo un caso de presunta filtración de datos confidenciales de un contribuyente que negociaba con Hacienda tras haber sido cazado eludiendo el pago de impuestos por un importe elevado. La responsabilidad de estos hechos se depurará con la correspondiente sentencia. También ante el alto tribunal ha desfilado una situación de degradación institucional que supone una seria amenaza a la estabilidad democrática. Esta última circunstancia permanecerá sea cual sea el fallo de la sala. La Fiscalía General es una pieza clave del ordenamiento constitucional y por ello que su titular haya sido procesado constituye una anomalía que no tiene precedentes. La preocupación aumenta porque este juicio se une a una situación general de deterioro institucional que se refleja en la falta de Presupuestos Generales desde hace tres años o en la inestabilidad de un Gobierno que no tiene un respaldo mayoritario en el Congreso, en medio de una legislatura en la que el ruido se impone como norma.