La autoridad del profesor

El Consejo de Gobierno de la Junta acaba de aprobar un cambio normativo que confiere presunción de veracidad a la palabra de los profesores no universitarios en Andalucía. De esta manera, cualquier tipo de agresión o intimidación que sufran los docentes podrá ser trasladada ante la Fiscalía para que se investigue como delito de atentado a la autoridad. La medida entrará en vigor en menos de tres semanas, tras su publicación en el BOJA, y supone la culminación de un año de trámites para atender esta permanente reivindicación. Este decreto desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado y consolida su estatus, garantiza la asistencia jurídica y psicológica gratuitas y les proporciona una unidad de apoyo. El deber legal de respetar la autoridad de los profesores no solo afecta al alumnado sino también a sus padres o sus tutores. El aumento de la conflictividad en las aulas es un fenómeno que se observa desde hace años. En noviembre pasado, el sindicato ANPE cifró en 191 las atenciones que por este motivo prestó en el curso 2024-2025. Este informe del Defensor del Profesor asegura que a un 80% de los docentes atendidos se les diagnosticó depresión. Otra encuesta del CSIF señalaba que una cuarta parte de los enseñantes había sufrido insultos o amenazas en las clases y un 40% había padecido faltas de respeto de las familias de los estudiantes. Como ha sucedido también con la figura de los médicos y los sanitarios, son demasiados los casos en que servidores públicos se presentan como las víctimas propicias para una parte de la sociedad, que canaliza contra ellos sus frustraciones o entienden que sus derechos prevalecen ante cualquier otra consideración. El refuerzo legal de la autoridad de los profesores era necesario. Pero una ley no soluciona el problema de fondo. La figura del maestro es clave para el futuro de la sociedad. El respeto y la consideración ante el ejercicio de una labor esencial deben anclarse como ejes naturales de la convivencia en las aulas.