Seguridad para los trabajadores sanitarios

Cada vez se extiende más, en un mundo con una profunda crisis de valores, la percepción social de que los derechos son infinitos y los deberes mínimos

Las agresiones y faltas de respeto a los profesionales sanitarios en los centros de Atención Primaria y hospitales se han vuelto algo tan común que han dejado de ser noticia y sólo se abren paso en los medios de comunicación cuando revisten una gravedad extrema. Pero los episodios se suceden cada vez con más frecuencia, según denuncian todas las organizaciones sindicales de médicos y enfermeros y reconocen las autoridades sanitarias. Por ejemplo, en la provincia de Sevilla se han registrado en una misma mañana de esta semana tres agresiones físicas a médicos, en otros tantos centros, a manos de pacientes o familiares que consideraban que no se les estaba dando la atención que ellos requerían. Se trata, en primer lugar, de un problema de educación social. Cada vez más se extiende la percepción de que los derechos son infinitos y los deberes mínimos y esa es una cultura que se está imponiendo en un mundo con una profunda crisis de valores. Pero dentro de este contexto general, la asistencia sanitaria, sobre todo la que se da en los centros de salud y en las urgencias hospitalarias, está sometida a unos niveles de presión difícilmente soportable para los profesionales, que tienen que gestionar picos de demanda y un número de pacientes muy por encima del que garantizaría la calidad de la atención. Es urgente acometer las reformas necesarias para humanizar la atención médica, pero es por lo menos igual de necesario arbitrar medidas para garantizar la seguridad del personal sanitario. Las agresiones no pueden quedar impunes y la justicia debe ser inflexible al respecto. Lo que está ocurriendo en Andalucía, y en el resto de España, con la proliferación de las agresiones a médicos y enfermeros nos retrata como una sociedad intolerante y de ínfimo nivel cultural. El respeto a las personas que presentan, en condiciones muchas veces muy difíciles, un servicio público no puede ser puesto en cuestión sin que ello conlleve el adecuado castigo penal.

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