Gibraltar está en Andalucía

La Junta, que tendrá que aplicar políticas derivadas del acuerdo entre la UE y Gibraltar, ha sido marginada por el Gobierno durante la negociación

Si no se produce un vuelco de última hora, es muy probable que hoy mismo quede formalizado el acuerdo político que regulará la situación de Gibraltar tras el abandono por parte del Reino Unido de la Unión Europea. Pocos documentos con más trascendencia en el territorio de Andalucía se habrán firmado en las últimas décadas. Sin embargo, la Administración que por cercanía está más implicada en lo que ocurra en la amplia comarca que rodea a la colonia británica, la Junta de Andalucía, ha estado ausente de todo el proceso negociador al que no ha asistido ni tan siquiera en calidad de oyente. No se trata de reivindicar competencias, que evidentemente escapan de las que corresponden a una administración regional. En este caso se está ante un tratado internacional de enorme transcendencia, que es uno de los últimos flecos para ordenar las relaciones de una de las principales potencias europeas y la propia Unión. Todo el protagonismo y toda la responsabilidad competen a los diferentes agentes diplomáticos que han intervenido en la negociación. Pero no se puede obviar que Gibraltar está en Andalucía, que la comarca del Campo de Gibraltar es uno de los puntos más conflictivos y sometido a tensiones sociales de toda la comunidad. Será la Junta la que deba implementar políticas derivadas de la aplicación del acuerdo. El Gobierno de Juanma Moreno hace bien en reclamar interlocución e información sobre un pacto que va a condicionar el futuro de la comarca y de sus decenas de miles de habitantes y acierta cuando descarta plantear cualquier tipo de conflicto. Es una muestra de sensatez política, aunque no está de más recordar que es el propio Estatuto de Autonomía el que establece que la Junta deberá ser informada previamente por el Estado de los tratados internacionales que afecten a materias de su competencia. Este es un ejemplo claro de que esa previsión estatutaria ha sido ignorada por el Gobierno.

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