No es verdad, como sentencian los cenizos y los timoratos, que no haya ninguna razón para aprobar de inmediato una ley de amnistía que devuelva a Carles Puigdemont a Cataluña limpio de polvo y paja. Hay hasta siete razones: los siete diputados de Junts que harán presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Cumplirá su promesa de traerlo a España, aunque en mejores condiciones que las anunciadas. Con alfombra roja, rehabilitado y triunfante. Honorable.

Los siete escaños de Junts en el Congreso representan exactamente a 392.000 ciudadanos de Cataluña, el 11,2% de los que emitieron allí su voto el 23-J, y el 1,6% del total de los emitidos en España. El futuro inmediato de cuarenta y siete millones de españoles está en manos de una minoría escuálida de ellos, que mayoritariamente no desean serlo (españoles, quiero decir), liderados por un prófugo que huyó en el maletero de un coche para no responder de presuntos delitos muy graves. Desde otro punto de vista, complementario, el llamado conflicto catalán se zanjará si así lo quiere el quinto partido catalán, con menos votos que el mismísimo PP.

Estos siete votos son las únicas siete razones que mueven al Gobierno a preparar una amnistía ilegítima e injusta que conlleva la reescritura de la Historia reciente. Significa asumir varias barbaridades: que la declaración de independencia y las leyes de desconexión no fueron delitos, que los condenados y procesados son presos políticos y exiliados, que quienes decidieron intervenir la Generalitat –PSOE y PP– representaban al Estado represor y que los tribunales de la democracia que intervinieron desde entonces equivalen a los tribunales de excepción de la dictadura franquista cuya legitimidad quedó destruida por la Ley de Amnistía de 1977.

Se ha hecho el recuento de los ministros que con anterioridad al 23-J se habían mostrado contundentemente opuestos a amnistiar a Puigdemont: once. Ahora están todos callados, a la espera de que hable el oráculo de la Moncloa y concrete los argumentos de esta nueva rectificación. Bueno, todos menos la parte de Sumar, más sincera y elemental. La vicepresidenta Yolanda Díaz acude presurosa a hacerle carantoñas al huido de Waterloo, con la pleitesía de quien depende de él para seguir siendo vicepresidenta; el ministro de Universidades, Joan Subirats, lo confiesa todo: haremos lo que haga falta para que continúe el bloque progresista. ¿Progresista con Puigdemont?