E N el año 2021, el precio de la luz se ha disparado un 27%. Sobre los datos de los primeros días del año, la factura eléctrica del consumidor medio, con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kilovatios hora mensuales, llegará a 80 euros.

El precio mayorista de la electricidad supone el 35% del recibo final, mientras que el 40% corresponde a los peajes (el transporte y la distribución) y el 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos, así que las subidas o bajadas dependerán del precio al que se adquiera la energía en los mercados mayoristas. El aumento del precio se ha debido a varios factores. Por un lado, está el incremento de la demanda por la ola de frío. Y por otra, la subida en los precios del dióxido de carbono (CO2) y la cotización del gas natural.

El incremento del precio de la luz coincide con el desplome de la generación a través de energías renovables más baratas. Ante la ausencia de sol y viento para abastecer este pico de consumo, el sistema eléctrico tiene que quemar sus reservas de gas y carbón.

El sistema energético ha recurrido a las centrales térmicas de gas, provocando el aumento del precio final como consecuencia del peculiar sistema de subasta marginal, que consiste en aplicar a toda la energía que llega a la red el precio de aquella cuya producción es más cara y entra en último lugar, el gas.

Además, y sumado al descenso de la demanda de electricidad experimentada en 2020, durante buena parte del año el coste del gas fue muy económico al tiempo que las renovables cubrían el 44% de toda la generación eléctrica en España. El encarecimiento de los bonos de CO2, medida disuasoria europea de la producción contaminante, ha hecho que las eléctricas fueran cerrando las centrales de carbón, que dejaron de ser competitivas. Esa menor presencia del carbón también tira al alza del precio final de la electricidad.

El Ministerio de Consumo y el de Transición Ecológica han pedido que se investigue si las compañías eléctricas han vuelto a hacer trampas en perjuicio de los consumidores como ya ocurrió en el invierno 2016 a 2017, cuando alteraron los precios elevando artificialmente la actividad de varias centrales de gas. No sé si la solución a la alarma suscitada por el incremento del precio de la luz es la creación de una empresa pública de electricidad, pero al menos se debe garantizar el suministro eléctrico como derecho básico para todas las personas y poner freno a la especulación para no arrojar a miles de familias a la pobreza energética.