Mezquita de Córdoba, ¿business y negligencia?

Desde que Castilla conquistó la ciudad, en el s. XIII, los nuevos dueños de Córdoba fueron conscientes del extraordinario valor de su mezquita aljama, de ahí que uno de los objetivos fuera convertir este edificio singular en un templo cristiano. Iniciaron un largo proceso para transformarlo, hasta culminar en el s. XVI, rompiendo la mezquita por el centro e injertando una iglesia renacentista con todos sus perejiles. Se me viene a la cabeza aquello de los perrillos y sus meadas, porque la testa coronada en aquellos momentos, la del Habsburgo Carlos I, igualmente, ante el asombro que le ocasionó el complejo de la Alhambra, decidió construirse allí un muy particular palacio.

La cuestión es que, para la Iglesia, después de haberse inmatriculado el conjunto, por el módico precio de 30 €, hasta es molesto el término de mezquita, como así lo manifiesta el obispo reiteradamente. Aspecto este que, no obstante, no impide que hagan caja en la modalidad libre de IBI-IVA, que suena a copla, pero es un bolero. La Mezquita, incluida en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO -por lo que también recibe subvenciones-, junto con las incontables propiedades de la Iglesia, son sostenidas por el Estado español en el clásico modelo capitalista en el que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Para su gestión, está obligada a contar con personal técnico y consensuar con otras instituciones, sin embargo, las decisiones, mayoritariamente quedan a cargo del cabildo, con su obispo al frente, y no sé si en ellas prevalece el integrismo religioso, o la avaricia. El resultado, lo hemos visto en forma de incendio, por un ejercicio de negligencia habituada.

Así que, en mi cortedad mental, me surgen, entre otras, tres grandes cuestiones:

1.- ¿Por qué es la Iglesia la propietaria de un bien que es el resultado de los logros técnicos y estéticos de una comunidad diversa y plural en el tiempo? ¿No es un patrimonio público de la ciudad, sus culturas y sus gentes? 2.- ¿Debemos seguir costeando los gastos de una asociación religiosa de la que -sin contar con el folclore masivo- sólo el 17% de la población se declara practicante? ¿No deberíamos obedecer a la Constitución en lo referente al Estado aconfesional? 3.- Y, ¿quiénes son el cabildo y el obispo para administrar tan valioso bien? ¿Quién los ha nombrado? ¿Han demostrado mediante formación, pruebas, etc. tener los conocimientos suficientes para acometer su gestión con garantías para el patrimonio? ¿Todos los procesos que engloba están definidos por la democracia y la transparencia? Y me sale una cuarta ¿para cuándo darle una vueltecita al tema ese del concordato?