Mercadona patrocina el porteo en los juzgados

El pasado 20 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Estuvo a punto de no ser ley por culpa de la amnistía y demás exigencias de los xenófobos supremacistas que apuntalan el Gobierno de España y que amenazaron con no convalidar el Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Y aún así, la norma, que contiene nada más y nada menos que 187 páginas, sigue sin estar en vigor en su totalidad.

¿En qué consistió la transacción política para que esta norma saliera adelante? Lo desconozco. Lo cierto y verdad es que si no salía adelante, España hubiera tenido que devolver a la Unión Europea muchos millones de euros y no hubiese recibido una parte importante pendiente aún. Había 70.000 millones de euros en juego. A fin de cuentas, naderías para las ganancias de la gran banca.

La exposición de motivos habla del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Lo que empezó siendo un sistema de práctica de actos de comunicación con profesionales, hoy en día es utilizado en el ámbito competencial del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y en la mayor parte de Comunidades Autónomas con competencias transferidas, junto con otros sistemas de información.

Diría que salvo por el Ministerio Fiscal, que aún estampa en papel los sellos de entrada y salida de documentos en sus oficinas, todos los demás hacen uso de este sistema. En otros territorios de España el sistema electrónico se llama Avantius, aunque en Cataluña recibe otro nombre. En definitiva, los sistemas telemáticos de justicia en España son muchos y variados, lo que dificulta enormemente la labor a los abogados, procuradores y otros profesionales que, si queremos actuar en esos territorios, debemos darnos de alta en los diferentes sistemas electrónicos. La unificación, en verdad, está lejos.

Se habla de colaboración y cogobernanza en la Administración de Justicia. Se establece la obligación de que las administraciones competentes en lo judicial garanticen la prestación del servicio público, ya sea por medios digitales o equivalentes, pero siempre de calidad, y que aseguren en todo el territorio del Estado una serie de servicios entre los que se encuentran, como mínimo, la itinerancia de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos entre cualesquiera, ya sean órganos judiciales o fiscales, la interoperabilidad de datos, el acceso a los servicios, procedimientos e informaciones de la Administración de Justicia que afecten a la ciudadanía y la identificación y firma de los intervinientes en actuaciones y servicios no presenciales.

Pero lo cierto y verdad es que cualquiera que acuda a una oficina judicial o fiscal lo que ve son montañas de expedientes en papel. Y la itinerancia de un juzgado a otro, o a la Fiscalía correspondiente, se hace no de forma electrónica, sino a través de los carritos del Mercadona. Eso sí, cualquier tipo de publicidad de la empresa de Juan Roig está bien ocultada con la clásica cinta de embalar marrón. En honor a la verdad, también hay carritos de otros supermercados. Incluso, ya se empiezan a ver carros de transporte como Dios manda, adquiridos recientemente ex profeso por la administración competente, léase Junta de Andalucía, pero son los menos.

Nadie debe escandalizarse de esta práctica de distracción de carritos de los supermercados que se produce en muchos juzgados de España. No hay comunidad de bloques de pisos en este país preciada que no tenga al menos un carro, ora del Mercadona, ora de Hipercor, ora de Alcampo o de Carrefour, para uso y disfrute de sus vecinos. Por eso, nadie debe escandalizarse del carrito que se ve en la foto que acompaña a este artículo.