La esquina

José Aguilar

jaguilar@grupojoly.com

El fraude en el voto por correo

Los grandes partidos utilizan estos casos como arma arrojadiza y no tocan una ley que facilita la compra de votos

Los fraudes electorales son más antiguos que los balcones de palo. Llegaron a España a la vez que las elecciones mismas que, al principio, fueron censitarias (sólo podían votar los hombres, a partir de una edad, con cierto nivel de renta y educación) y víctimas de manipulaciones y distorsiones variopintas. Cualquier parecido de lo que salía de las urnas con la voluntad de los ciudadanos era pura coincidencia.

Durante la Restauración borbónica liberales y conservadores se turnaban en el poder según, en buena medida, quién tuviera mayor capacidad de amaño y compra de voluntades. En estas labores destacó un andaluz, Francisco Romero Robledo, también conocido como El Pollo de Antequera, que compraba votos a los vulnerables, usaba todo tipo de triquiñuelas para llenar las urnas, perseguía a la oposición y puso los resortes del Estado –fue ministro de varias temáticas– al servicio de su ambición ilimitada. Lo suyo no era pasión, era vicio.

En la España contemporánea, plenamente democrática, con sufragio universal, directo y secreto, la única gran trampa posible es el fraude en el voto por correo, sobre el que existe una notoria laxitud: el votante se tiene que identificar para recibir en casa las papeletas de voto, pero el sobre con la papeleta elegida lo puede entregar cualquier otra persona sin identificar. Esa relajación, que en teoría se establece para facilitar el voto por correo a emigrantes, desplazados, asilados, enfermos y viajeros, es la que aprovechan los caciques antidemocráticos para burlar la voluntad popular comprando a ciudadanos en situación de necesidad a fin de que voten a determinados candidatos. Estas prácticas corruptas, que enlazan con la picaresca nacional, no tienen mucho sentido ni importancia cuando hablamos de elecciones generales o autonómicas, pero sí pueden incidir en el resultado del voto en municipios o comunidades de menor tamaño.

¿Por qué no se acaba con ellas? Pues porque ninguno de los grandes partidos está más interesado en combatir el fraude del voto por correo que en utilizar los casos protagonizados por el otro como arma arrojadiza y en hacer la vista gorda sobre los casos propios... hasta que alguien los descubre y denuncia. Saben que algunos de sus candidatos cometen el delito y miran hacia otro lado. Mientras no se desvele el fraude nadie dice nada. Ya, si eso, condenarán y expulsarán a esos candidatos cuando los pillen un juez o la UCO.

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