CUANDO se analiza el impacto económico que genera la actividad de una empresa o de un determinado sector se suelen distinguir tres tipos de empleos: directos, indirectos e inducidos. Nuestro puerto acaba de hacer este ejercicio recientemente, arrojando la cifra de 24.569 empleos totales, como el pasado domingo nos recordaba el diario EuropaSur.

Los empleos directos son fáciles de cuantificar, pues se trata de las personas que tienen una relación laboral directa con la empresa objeto del análisis. Los empleos indirectos son los de aquellas empresas auxiliares que prestan sus servicios a dicha empresa principal y lo son en la misma proporción en la que distribuyan dichos servicios entre las distintas empresas principales a las que sirvan.

Finalmente, los empleos inducidos son los que se generan por las compras que realizan los empleados directos e indirectos con los ingresos que perciben por su trabajo. Pongamos un ejemplo: un trabajador portuario (empleo directo) y un transportista que presta servicios a alguna empresa del puerto (empleo indirecto) compran alimentos en un supermercado. Es obvio que parte del salario de los empleados del supermercado (empleo inducido) está soportado, sin duda, por estas compras.

Con independencia de la mayor o menor dificultad que entrañe el cuantificar cada uno de estos tres tipos de empleo, sobre todo el inducido, lo cierto es que los tres son reales como la vida misma. Esto se puede entender mejor si invertimos el razonamiento de esta otra forma: si desapareciese la empresa principal, desaparecerían, por supuesto, sus empleos directos, pero también desaparecerían los indirectos de las empresas auxiliares en la proporción en que éstos dependían de la actividad de la empresa principal e, igualmente, desaparecerían los inducidos en la medida en que estaban soportados por las compras que realizaban los empleados directos e indirectos que, al perder su empleo, dejarían de percibir sus rentas del trabajo y dejarían de comprar.

Lo anterior nos vale para soportar la siguiente afirmación: todo lo que signifique una reducción de las rentas del trabajo representa una disminución del empleo. Si la reducción de la renta es total (despido o no reposición de jubilaciones), la disminución del empleo es más que evidente. Pero incluso cuando la reducción de la renta es parcial (bajada o congelación salarial o subida del IRPF) repercute también negativamente, como acabamos de ver, en los empleos inducidos.

Aun admitiendo que la corrección del déficit público sea un elemento de capital importancia para nuestra economía (Keynes, Krugman y Obama, entre otros, podrían opinar de otra forma), en un país como España, con más de 4 millones de parados y con una tasa de desempleo el doble de la media europea, el objetivo del empleo debería ser absolutamente prioritario para los gobiernos, para la oposición, para los partidos políticos, para las organizaciones empresariales y para los sindicatos. De hecho, así lo vienen predicando todos a los cuatro vientos, aunque luego las acciones que algunos de ellos emprenden vayan justo en la dirección contraria.