El Derecho penal como arma política

Asisto con creciente perplejidad –y, confieso, con una dosis de tristeza– al espectáculo degradante en que se ha convertido el uso del Derecho penal en la arena política. Lo que debería ser el último recurso del Estado, el instrumento más severo y garantista del orden jurídico, se ha transformado en una piedra arrojadiza entre políticos que, paradójicamente, se presentan a menudo como juristas, pero cuya comprensión del Derecho rara vez supera la superficie de un eslogan.

El Derecho penal no nació para el combate partidista, sino para la protección de bienes jurídicos esenciales y la preservación de la convivencia social. Convertirlo en un arma dialéctica, en un proyectil mediático o en un dispositivo de destrucción reputacional, no solo degrada su sentido, sino que destruye la confianza ciudadana en la justicia. Cuando un político –o un jurista devenido en tertuliano– invoca el Derecho penal para desacreditar al adversario, lo que hace es despojarlo de su dignidad racional y convertirlo en un instrumento de venganza simbólica.

No se trata de una disputa ideológica, sino ética. El Derecho penal no puede reducirse a un gesto de poder. Su función no es castigar al enemigo, sino afirmar el compromiso del Estado con la legalidad y la prudencia. Cada vez que un responsable público anuncia “querellas” con ligereza o exige “responsabilidades penales” sin un análisis técnico, está erosionando la frontera entre justicia y populismo punitivo. Esa frontera, tan frágil como necesaria, marca la diferencia entre un Estado de Derecho y un mero Estado de ira.

Lo más alarmante es que quienes incurren en esta manipulación suelen ser, además, juristas de oficio o de vocación frustrada. Profesionales del discurso, pero no del pensamiento. Intelectuales mediocres, demasiado cómodos para asumir la incomodidad del rigor. El Derecho penal exige humildad: la humildad de saber que con cada norma se juega la libertad de una persona. No es el Derecho penal quien ha cambiado; somos nosotros quienes lo hemos banalizado. Recuperar su sentido original –el de una herramienta racional, proporcional y de garantías para todos los ciudadanos– es una tarea urgente. No para defender a los poderosos, sino para protegernos de los poderosos que usan el Derecho como un juguete.

Mientras no comprendamos que el Derecho penal pertenece a todos y no a intereses electorales o económicos, seguiremos asistiendo a su lenta degradación, convertida en un eco hueco de la política más pobre: aquella que, incapaz de convencer con argumentos, recurre al pataleo como quien arroja piedras en la más profunda oscuridad.