Cribado político

En España, la palabra cribado ha pasado de sonar a tecnicismo a convertirse en cisma político. Pero el foco mediático ha sido caprichoso: la tormenta estalló en Andalucía, mientras en Castilla-La Mancha, donde el programa de mamografías estuvo casi cinco meses parado en el área de Talavera, el silencio ha sido casi clínico. En Andalucía, la Junta reconoció fallos en la comunicación de resultados dudosos a unas 2.300 mujeres. Un error gravísimo que provocó la dimisión de la consejera de Salud y del jefe del SAS. El Gobierno pidió perdón, activó un plan de choque y anunció refuerzos: 119 profesionales de ellos, 65 radiólogos, 12 millones de euros para revisar casos y ampliar turnos, además de extender el cribado a mujeres de 45 a 75 años. Crisis, sí; pero también responsabilidad y reacción inmediata. En Castilla-La Mancha, la empresa privada que hacía las mamografías en Talavera cerró “sin aviso” a finales de mayo. El programa quedó suspendido casi cinco meses y entre 2.500 y 3.000 mujeres siguen pendientes de cita. Tras la polémica, el Gobierno regional de García Page adjudicó de urgencia el servicio al hospital público y a un grupo privado, y presume de haber renovado mamógrafos. Pero la interrupción existió. Y nadie dimitió. Ni una comparecencia encendida. Ni un editorial dolido. A veces, el silencio tiene mejor prensa. La paradoja es clara: donde hubo errores de lectura como en Andalucía, hubo titulares, ceses y disculpas; donde directamente no hubo servicio como en Talavera, apenas un murmullo. A unos se les radiografía hasta el alma; a otros, ni una ecografía mediática. Las talaveranas, y, en realidad, todas, merecen la misma lupa, el mismo altavoz y la misma celeridad. Porque el tumor no entiende de siglas por mucho que la ministra Mónica García pretenda imponer su ideología en el derecho a la salud. Lo demás es la vieja falacia política: convertir los errores propios en incidencias técnicas y los ajenos en escándalos morales. Así se confunde gestión con propaganda, y se anestesia la exigencia ciudadana. Pero la salud pública no se defiende transformando Amama en un agresivo sindicato, sino con responsabilidad constante, igual en todos los territorios. Lo otro, acusar desde Por Andalucía a los facultativos de manipular datos, no es política sanitaria: es diagnóstico interesado.