La amnistía ya está aquí. A la vuelta de la esquina. Y con ella vienen el borrón de los delitos que cometieron los independentistas, la deslegitimación de los tribunales que los condenaron, la relectura de la historia tergiversando lo que hicieron en 2017 y la autoinculpación del Estado democrático que los reprimió como presos y exiliados políticos. El paquete completo de Carles Puigdemont. No hay quien dé más.

Casi más grave que la amnistía misma es el obsceno desparpajo con el que sus promotores la defienden y la insoportable levedad de las excusas que propagan para esconder la verdad brutal: que todo es por siete votos para una investidura. Ni la desinflamación del conflicto, ni la convivencia en Cataluña ni la pluralidad de España.

Cuando se concedieron los indultos a Oriol Junqueras y demás mártires de la independencia de quita y pon, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, firmó un escrito de 33 páginas justificando las razones del perdón y distinguiéndolo de la amnistía, que le parecía claramente inconstitucional. ¿Qué ha variado en los dos años y cuarto transcurridos? Pues sólo que entonces los siete escaños de Puigdemont no los necesitaba Pedro Sánchez.

Y así todo. Sánchez ha ejercido una flexibilidad pasmosa para cambiar de opinión en función siempre de su conveniencia coyuntural. No mintió, sino que se acomodó a las necesidades de los socios más tóxicos posibles, pero más poderosos en cada momento. Donde había el compromiso firme de que los secesionistas condenados cumplieran íntegras sus penas hubo indulto. Donde declaró que había un clamoroso delito de rebelión ordenó más tarde que ni siquiera fuesen delictivas ni la secesión ni la malversación por motivos políticos. La promesa formal y solemne de traer a España a Puigdemont para ser juzgado por los tribunales se convierte ahora en borrón y cuenta nueva, autoimputación del Estado que perseguía al prófugo y desjudicialización de la política. Todo por siete votos para una investidura y todo ello desde que el héroe caradura de Waterloo decretó la amnistía como condición previa para sentarse a negociar. El 5 de septiembre. Ni un día antes. El presidente del Gobierno comprendió justo entonces la plena constitucionalidad de la amnistía.

Pasada esta página de la amnistía, estamos en vísperas de otras dos: la deuda histórica de 450.000 millones que parecemos tener con Cataluña y la autodeterminación.