En tránsito
Eduardo Jordá
¿Tú también, Bruto?
En días recientes, en las páginas de este periódico hemos podido leer varias noticas en relación con la navegación de buques extranjeros cerca de nuestras costas, en aguas del estrecho de Gibraltar. Cada caso presenta problemáticas diversas, pero todos tienen en común dos aspectos especialmente relevantes que merecen una breve reflexión: en primer lugar, la limitación de competencias soberanas del Estado dentro de sus propias aguas territoriales y, en segundo lugar, la amenaza directa e indirecta que ciertos buques pueden representar para la seguridad del territorio nacional y los enormes riesgos de tipo ambiental que derivan de estos tránsitos.
Europa Sur ha destacado que el estrecho de Gibraltar es clave para la flota fantasma de petroleros rusos que tratan de evitar el embargo y, sin alejarnos mucho en el tiempo, anteayer mismo, publicaba también que el buque de guerra más moderno y tecnológicamente avanzado del planeta, el portaaviones americano USS Gerald R. Ford –“la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”– había atravesado el Estrecho. Ese mismo día, Quino López con una noticia bien documentada, publicaba que Rusia vuelve a usar el estrecho de Gibraltar con un buque sancionado por el transporte de armas para la guerra de Ucrania, un tipo de mercante que suele ocultar su posición real apagando sus identificadores. Las noticias de este tipo se multiplican.
Parece bien claro que el Estrecho es un paso marítimo de una importancia geoestratégica clave no sólo para los Estados ribereños, sino para todas las grandes potencias, y en un entorno internacional especialmente inestable esta importancia se incrementa. Aunque las aguas al norte del Estrecho son aguas españolas, el régimen jurídico que deriva del derecho internacional del mar establece un derecho en tránsito que limita las capacidades del Estado ribereño, que dispone de capacidades más limitadas que el paso inocente que se aplica en el resto del mar territorial. Pues bien, ante el claro riesgo a la seguridad y al medio ambiente, parece necesario que España ponga en marcha protocolos claros, planes de actuación y, mediante las inversiones necesarias, prepare las infraestructuras necesarias para hacer frente a los potenciales incidentes que derivan del citado régimen jurídico.
Si sucede un accidente de navegación, colisión o vertido, riesgos inherentes al paso en tránsito sin preparación adecuada y sin previsión las consecuencias podrían ser catastróficas. Una vez más, Madrid está demasiado lejos.
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