Para la política exterior española, Marruecos es un actor fundamental. Al compartir un espacio geoestratégico, el estrecho de Gibraltar, es primordial mantener un marco estable y normalizado de relaciones. Adicionalmente, hay que añadir un amplio conjunto de factores de distinta naturaleza, como los intereses económicos y comerciales, las relaciones históricas y culturales, la necesaria colaboración en el control de los flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo yihadista, la cooperación en materia de seguridad, etc.

Estas relaciones son extraordinariamente complejas y su gestión no es en absoluto fácil. Paródicamente están sometidas a múltiples presiones. Ello es debido en gran parte a que España y Marruecos funcionan con códigos diferentes. Mientras que España, por supuesto con sus problemas, es una democracia insertada en un entorno europeo que se basa en el cumplimiento de las reglas del estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, Marruecos es una autocracia que pivota en torno a los intereses del rey y su entorno, el Majzén, con un absoluto desprecio a las reglas de protección de derechos humanos de su población tal como entendemos los europeos. En consecuencia, manejando códigos de conducta diferentes, lo cierto es que es difícil gestionar crisis como la de Ceuta en mayo de 2020.

La cuestión entonces es si el Gobierno español ha adoptado la postura correcta al ceder absolutamente ante la coacción y el chantaje desde Marruecos renunciando a sus obligaciones internacionales como antigua potencia colonial en el territorio del Sáhara Occidental y desconociendo sus compromisos derivados del derecho internacional. Por supuesto, nos falta mucha información. Al obrar el Gobierno con una absoluta opacidad es probable que no trasciendan elementos fundamentales de la decisión. No obstante, en mi opinión el Gobierno español ha cometido un profundo error.

Por una parte, porque las premisas sobre las que se apoya el cambio de postura española son falsas. El supuesto plan de autonomía es inviable en un régimen autocrático, nunca ha obtenido el respaldo de Naciones Unidas y es absolutamente rechazado de plano por el representante legítimo del pueblo saharaui, el Frente Polisario.

Por otra, porque España ha mostrado una vez más ser un país vulnerable, ha hecho visible a una potencia agresiva que el Gobierno ha sido capaz de renunciar a sus principios, apoyar una violación de derecho internacional para intentar encontrar una salida en un chantaje. Y tercamente la historia nos muestra que los autócratas chantajistas nunca quedan satisfechos ante la contemporización del débil.