El proyecto de Urkullu, saludado con entusiasmo por el ministro Bolaños, se encamina hacia el último hito del proceso destituyente de España: el derecho de autodeterminación. Reservado a las mal llamadas nacionalidades históricas (se ve que Andalucía, por ejemplo, carece de historia), disfrazado de “poder para decidir” y fuente de asimetrías, privilegios y desigualdad.

Pero introducir el debate público en esta fase final significa aceptar que el eslabón anterior de este discurso aberrante para la democracia española que el nacionalismo rico viene imponiendo –pese a su condición sumamente minoritaria– ya ha sido superado. Me refiero a la amnistía. Ya se considera aceptada. Total, tiene el aval de algunos juristas y la simpatía de la mayoría autodenominada progresista del Tribunal Constitucional para cuando le llegue el recurso correspondiente.

Hay mucho que decir de la amnistía. En cuanto equivaldría a un indulto generalizado a los independentistas catalanes procesados, es contraria a la Constitución. Más grave aún: sería un duro golpe a la democracia. Con el indulto a los Junqueras y demás, ya discutible, lo que se hacía era perdonar los delitos cometidos. En aras de la pacificación de Cataluña (y la supervivencia de Pedro Sánchez en el Gobierno), se aliviaba el castigo penal a ciertos delincuentes, se les sacaba de la cárcel para facilitar su rehabilitación. También se modificó el Código Penal por si los delitos se repetían en el futuro.

Pero los delitos no desaparecieron. Lo que trae la amnistía es distinto: significa tanto como consagrar que aquellas travesuras del procès (total, montar un referéndum ilegal, declarar la independencia y tratar de liquidar el Estado) no constituyeron ningún delito, sino expresiones de libertad dentro de un conflicto político, que nunca merecieron ser castigadas.

Ahora bien, eso sería tanto como desautorizar y humillar a un poder fundamental del Estado (Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Cataluña), que condenó a los procesados no por sus ideas políticas, sino porque cometieron efectivamente delitos graves. Esta amnistía se carga sus sentencias, o sea, los deslegitima. El modelo es la amnistía de 1977: salieron todos los presos políticos –incluidos los terroristas– porque habían sido juzgados por tribunales franquistas y no existía la democracia. Hay truco. Los que van a ser amnistiados ahora no se enfrentaban a ninguna dictadura, delinquieron contra la democracia.

La amnistía que se prepara es una agresión a la Justicia y da la razón a los golpistas: eran presos políticos perseguidos por una democracia incompleta. Pobrecitos.